miércoles, 4 de febrero de 2015

La Policía Nacional se queja de la Local por el caso de la falsa alerta yihadista

El alto mando traslada formalmente su disgusto ante la comisión de la Policía Judicial al considerar que se trata de una importante invasión de sus funciones


La Policía Nacional de Málaga se ha quejado formalmente de la Policía Local por la intervención en la que este cuerpo detuvo a un menor como presunto autor de los delitos de alteración de orden público y enaltecimiento del terrorismo por difundir una falsa alerta yihadista a través de una red social. La actuación, que incluyó el rastreo, la entrada de los agentes en la vivienda y el registro del material informático, ya provocó la reacción del Sindicato Unificado de Policía (SUP) por una supuesta invasión de competencias, la posterior respuesta del sindicato mayoritario de la Policía Local y finalmente el malestar oficial del alto mando del Cuerpo Nacional de Policía.

Tanto es así, que el comisario jefe provincial de Málaga, Pedro Garijo, ha presentado una queja formal sobre este asunto ante la comisión de la Policía Judicial de Málaga, formada por los órganos judiciales de la provincia, la Fiscalía y los representanes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su demanda, el comisario protesta por la relevancia de una intervención que considera de completa competencia de sus investigadores, según las fuentes.

Los hechos que han motivado la polémica ocurrieron el viernes 23 de enero. La Policía Local detuvo a un chico de 17 años en su casa por supuestamente difundir un mensaje que alertaba de la colocación de una bomba en un centro comercial de la capital y posteriormente añadir: «Vamos a sembrar el caos un ratito». El Ayuntamiento de Málaga informó entonces de que los agentes informaron a la Fiscalía de Menores del caso cuando comprobaron que era un menor, además de avisar a una abogada del turno de oficio para que asistiera al chico y estuviera presente en el registro del ordenador. Según esta versión, la Policía Local trasladó al joven a la Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional tras el registro y de madrugada remitió las pruebas y las diligencias a la Fiscalía de Menores.

La actuación provocó días después que el SUP pusiera el grito en el cielo e instara a la Subdelegación del Gobierno a que estableciera una «adecuada coordinación» con otros cuerpos policiales ante lo que consideraban una «continua invasión» de unas funciones que, según el sindicato, están encomendadas por la Constitución Española y especialmente en la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «No se entiende que un menor acusado por un delito de terrorismo sea puesto a disposición de la Fiscalía de Menores cuando el órgano judicial competente, en este caso, debe ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional», argumentaron los responsables del SUP en un duro comunicado que hablaba de «descoordinación y absurda competencia».

La Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA) respondió inmediatamente que los agentes del Grupo de Investigación y Protección, «unidad especializada desde hace muchos años en las actuaciones con menores, actuaron «siguiendo las directrices de la Fiscalía de Menores».


http://www.laopiniondemalaga.es/mal...aso/740969.html

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