miércoles, 30 de noviembre de 2016

La mayoría del Congreso respalda la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana

PSOE, Unidos Podemos, los partidos nacionalistas y la mayor parte del Grupo Mixto sumaron 167 votos a favor de la moción, frente a los 133 en contra del PP y las 32 abstenciones de Ciudadanos.

El pleno del Congreso aprobó este martes, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una moción del grupo socialista en la que reclama al Ejecutivo la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".
Como estaba previsto, los partidos nacionalistas, Unidos Podemos y la mayor parte de los que hoy conforman el Grupo Mixto mantuvieron la postura que ya manifestaron cuando se aprobó esa ley y apostaron por una nueva normativa.
Sus votos y los del PSOE sumaron 167, suficientes ante los 133 noes y las 32 abstenciones para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Ciudadanos, aunque se abstuvo en el punto más controvertido de la iniciativa, apoyó los otros cuatro: la ampliación de las plantillas en Prisiones, Policía y Guardia Civil; la mejora de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE); la adopción de medidas para reducir la siniestralidad vial y los robos en el campo y en los domicilios, y la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar solo en casos extraordinarios.

No obstante, esta última medida no fue aprobada por el rechazo del PP y la abstención de Podemos.
Los populares se mantuvieron en sus trece en su apoyo a la actual ley de Seguridad Ciudadana y en el rechazo al cambio del Código Penal Militar, pero, en boca de su diputado José Alberto Martín-Toledano, se han abierto a negociar algunas modificaciones y han apoyado los otros tres de los puntos de la moción.
Aunque Martín-Toledano reprochó la "España negra" de un "estado policial que persigue a los ciudadanos" que dibujaron portavoces de la oposición, quiso hacer suyas las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya ha ofrecido diálogo para debatir algunos aspectos de una ley de seguridad ciudadana que, a su juicio, es "garantista".
"En España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados. No estamos ni en Cuba ni en Venezuela", enfatizó el diputado del PP.
Mientras, el proponente de la iniciativa, el socialista Antonio Trevín, insistió en la necesidad de derogar la ley para que el Gobierno "devuelva" las libertades que "hurtó" a los españoles y para acordar una norma que sea respetuosa con la Carta Magna y corrija algunos errores.
Tras citar ejemplos de aplicación restrictiva de la ley, Trevín pidió al PP que demuestre la "sinceridad" de sus ofertas de diálogo y acuerdos para esta legislatura y, entre otras demandas, le pidió que "ataje de una vez" los recortes aplicados a las fuerzas de seguridad.
Así, recordó que la dotación presupuestaria para seguridad ha bajado en 500 millones de euros en los últimos cinco años y que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía tienen un déficit de 20.000 efectivos sobre catálogo.
En suma, urgió al Gobierno a que "cambie las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos".
Desde Unidos Podemos, su diputado Eduardo Santos censuró el modelo "claramente policial de la derecha", de "tolerancia cero y porra en la calle" y apolló por llevar a la Cámara una nueva ley acorde con un concepto diferente de la seguridad.
Luis Miguel Salvador, de Ciudadanos, criticó al PSOE por mezclar en la propuesta tantos asuntos porque, "al final, pierden fuerza", y recordó a los socialistas que los acuerdos con C's para facilitar la investidura de Pedro Sánchez incluían la reforma de la ley pero no su derogación.
Tras anunciar su abstención en ese punto, Salvador manifestó su apoyo al resto de la moción y se refirió, en concreto, a la aplicación de Código Penal Militar en la Guardia Civil para demandar reformas en este cuerpo y que la actual sea la legislatura del instituto armado.
Mikel Legarda, del PNV, leyó una carta de reivindicaciones ante Zoido, al que instó a convocar la Junta de Seguridad del País Vasco y a adecuar la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Euskadi.
De todos modos, se sumó a la propuesta de derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, como hizo también el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien dijo que apoyaba por "dignidad, decencia, memoria y sentido democrático" la anulación de "esta canallada y purga", a la vez que exigió el cierre de los CIE "de la vergüenza".
Por el Grupo Mixto, tanto el portavoz del PDECat, Sergi Miquel, como el de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, anunciaron su voto favorable, en tanto que Isidro Martínez, de Foro Asturias, se opuso.
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/11/29/583df590ca4741e00a8b4678.html

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