lunes, 19 de diciembre de 2016

Archivan la investigación contra tres guardias civiles por presunta estafa

El Juzgado de Carrión de los Condes no ve acreditados los hechos investigados por una jueza militar

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los Condes (Palencia) ha dictado un auto por el que decreta el sobreseimiento provisional por un delito leve de estafa contra tres oficiales de la Guardia Civil, dos de Palencia, J. L. M. y J. A. G., y otro, F. J. S. V., adscrito a la Comandancia de Valladolid, a los que el Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en La Coruña, procesó el pasado año por presuntos delitos contra la Hacienda militar y de deslealtad.
El sumario se derivó este verano a la jurisdicción ordinaria en aplicación de los nuevos tipos penales respecto a las conductas de los agentes de la Benemérita, tras la reforma del Código de Justicia Militar en 2015. La titular palentina ha reconocido todas las pruebas de la Jurisdicción Militar, y solo recibió la declaración a los cuatro encausados el pasado 30 de noviembre.
El archivo de la causa por parte de la jueza de Carrión, Paloma Lázaro Rodríguez, se ha efectuado el día 14, después de que la titular escuchase a un teniente y dos capitanes, así como al dueño de una empresa de mudanzas de Palencia, al que también se imputaba por ponerse de acuerdo con el teniente para cobrar una indemnización (1.875 euros) por el traslado del mobiliario de Grijota a Herrera de Pisuerga. En esta última localidad, le asignaron una vivienda para que residieran los cuatro miembros de la unidad familiar.
La investigación, que durante cerca de dos años llevó a cabo el Juzgado Togado Militar 42 de Valladolid, estableció también el procesamiento del teniente F. J. S. por presuntamente utilizar, entre 2012 y 2013, el vehículo oficial para desplazarse desde su destino hasta la vivienda familiar de Grijota, hecho que fue denunciado en marzo de 2014 por J. P. C., delegado de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles (UGC).
La jurisdicción militar aportó a esta causa informes del kilometraje y combustible, así como del posicionamiento AVL del vehículo oficial. La jueza palentina asegura tras examinarlos, «que el teniente investigado no ha utilizado vehículos oficiales para sus traslados personales» hasta la casa familiar. Del estudio de los datos del GPS "puede desprenderse que el citado vehículo se movió por las inmediaciones de la Comandancia de Palencia y no entre Herrera de Pisuerga y Grijota", sostiene la jueza.
"No obtuvo ningún beneficio económico"
Tras examinar los autos castrenses, la jueza de Carrión de los Condes determina que los hechos «son muy simples desde el punto de vista de la jurisdicción que representa quien suscribe, que no posiblemente desde la perspectiva militar de la que derivan». La titular palentina concluye que los 1.856 euros de la mudanza se pagaron en metálico por el teniente al empresario, que emitió la correspondiente factura. La Dirección General de la Guardia Civil, que eligió ese presupuesto más barato, abonó luego al oficial el importe, por lo que «no obtuvo ningún beneficio económico».
Respecto a los dos capitanes, la jueza palentina rechaza el delito de deslealtad por el que fueron procesados por la jueza Togado Militar 42, Pilar Prieto, y el fiscal de La Coruña. Asegura que ambos oficiales realizaron las comprobaciones respecto a que el cambio de residencia del teniente de Tráfico se hizo, así como el traslado del mobiliario.
Durante la instrucción en Valladolid, varios agentes declararon que el teniente no residía a diario en la vivienda del cuartel que tenía asignada, y que según la normativa le obligaba en función de su destino en el Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga.
«Cuestión distinta es que ese traslado al final no fuera definitivo, habiendo manifestado el investigado que en principio su idea era trasladarse toda la familia y así lo hicieron aprovechando las vacaciones de Navidad de su mujer, pero por las condiciones en que se encontraba el pabellón, (...) decidieron que su mujer e hijos siguieran viviendo en Grijota».
El fiscal militar de La Coruña sostuvo en su calificación de julio de 2015 que "existen indicios suficientes para sospechar que el traslado de mobiliario de 42 metros cúbicos por el que el citado oficial recibió la correspondiente indemnización no llegó nunca a realizarse, lo cual se desprende de toda la actividad probatoria que se ha practicado".
Aunque la jurisdicción castrense investigó al teniente por un delito contra la Hacienda militar, la vía civil lo ha tipificado como delito de estafa. El artículo 438 establece que el funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de fraude de prestaciones del sistema de Seguridad Social incurrirá en penas de inhabilitación especial para empleo.
El auto de sobreseimiento del Juzgado de Carrión no es firme y puede ser recurrido por la Fiscalía de Palencia, la única personada tras ser rechazada el pasado 28 de noviembre la personación del guardia civil denunciante del Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga.

http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201612/19/archivan-investigacion-contra-tres-20161216212654.html

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