sábado, 28 de enero de 2017

La indecisión de Zoido aviva el caos en una Policía que acumula escándalos

Algunos de los males que anidaron durante la gestión al frente de Interior de Jorge Fernández Díaz no han desaparecido con la llegada al Ministerio de Juan Ignacio Zoido y su equipo. 


Más bien al contrario, los nuevos responsables del Departamento han empezado a sufrir las consecuencias de una herencia envenenada con el agravante de que algunos de estos escándalos ya han dado el salto a los tribunales, afectando incluso a investigaciones en curso. A pocas fechas de cumplirse los cien días de gracia, la situación se ha visto acentuada por el vacío de poder que ha generado el aterrizaje de los nuevos responsables. En concreto su parálisis a la hora de tomar decisiones como el nombramiento de puestos claves en la Policía, en funciones desde hace más de medio año.
“Zoido tiene alma de alcalde y el Ministerio va a ser como una Alcaldía”, afirmaban desde su entorno de colaboradores al poco de tomar posesión. Era una forma de anunciar la cercanía que tratará de imprimir a su gestión. Pero dirigir la seguridad del Estado entraña retos algo distintos. Su primera gran crisis ha llegado de la mano de un frente en el que acostumbra a sacar pecho: la lucha antiterrorista. La Audiencia Nacional puso en libertad esta semana a dos personas detenidas hace menos de un mes acusadas de yihadismo. El juez apunta ahora a que todo se trató de un montaje. Desde que el magistrado comenzó a indagar la propia investigación realizada, no consta que ningún responsable policial haya sido llamado al Ministerio para ofrecer explicaciones. Eso a pesar de que durante días los medios de comunicación ya apuntaban a la tesis del montaje.
Solo tras la liberación de los detenidos la Dirección General de la Policía emitió un escueto comunicado para anunciar que “va a estudiar la investigación realizada” por la Brigada Provincial de Información de Madrid. Este viernes, un día después de ese anuncio, el Jefe Superior de Policía de Madrid del que depende la Brigada bajo sospecha convocó una rueda de prensa para decir que la actuación de sus policías fue "inmaculada". Un aviso o una advertencia antes de conocer el resultado final de ambas investigaciones -la judicial y la interna-. En el seno de la Policía se asume que los encargados del caso abultaron el mérito de una operación que, como mucho, afectaba a la delincuencia común. Y eso en plenas fechas navideñas provocando un nivel de alarma que ahora se ha demostrado innecesario.

PRIMERA GRAN CRISIS

No es la primera vez que se da una excesiva trascendencia a operaciones policiales que luego se han desinflado al pasar por los juzgados. Este mismo viernes la Audiencia Nacional ha comunicado la absolución de seis acusados de formar un célula del Estado Islámico en la barriada de El Príncipe Alfonso de Ceuta. No hay pruebas, sostiene la sentencia. Otras veces eran las propias autoridades las que incurrían en comparaciones que contribuían a generar intranquilidad, como cuando el propio ministro Fernández Díaz, a instancias de la Policía, comparó a unos detenidos por yihadismo con los autores del atentado contra la revista Charlie Hebdo. Tan sólo habían pasado dos semanas del ataque a la revista que conmocionó a Europa. Finalmente no se hallaron armas en la operación realizada en España.
Esto entronca con otro mal endémico que afecta a la Policía, la llamada ‘medallitis’, agravada en los últimos tiempos por un exceso de reparto de condecoraciones cada año. Solo en 2016 se otorgaron más de 3.000 medallas, entre ellas 200 pensionadas a pesar de que el espíritu de la ley que las regula limita esta categoría a aquellas acciones en las que se pone en riesgo la integridad personal.
Por su parte, fuentes de la Brigada de Información de Madrid lamentan no haber tenido más apoyo desde el Ministerio o la Comisaría General de Información. Apuntan incluso a la existencia de “fuego amigo” detrás del escándalo mediático generado. De fondo está la carrera para la elección del nuevo DAO que Interior ordenó repetir hace unas semanas al no hallar candidato idóneo entre los 14 que se habían presentado en el primer concurso de junio. La llegada de los nuevos responsables de Interior ha hecho que se disparen los aspirantes y los movimientos.

40 CANDIDATOS A DAO

No pocos candidatos admiten en privado que prefieren cumplimentar el trámite poco antes de que expire el plazo para que sus aspiraciones no trascienden y así no verse expuestos a posibles maniobras de desprestigio. Entre los más de 40 comisarios principales que se han presentado esta vez se encuentran el propio jefe de la Brigada bajo sospecha por la operación de los falsos yihadistas, Germán Castiñeira, y su superior en la Comisaría General de Información, Enrique Barón. La relación entre ambos no pasa por su mejor momento.
También falta por nombrar al jefe de la UDEF cuya plaza se declaró desierta hace también pocas fechas. Al ministro no le convenció tampoco ninguno de los tres candidatos que se presentaron. Es la unidad encargada de investigar los casos de corrupción política y por ello está siempre en el centro de los focos. Suyas son algunas de las pesquisas más sensibles de los últimos años, como Gürtel, Bárcenas, los Pujol o la presunta financiación irregular de Podemos, que lleva meses en un cajón sin ser judicializada por falta de indicios consistentes.
El ministro todavía no ha logrado poner orden en la casa de los líos en la que se ha convertido Interior en los últimos años, una tarea que sabe que tiene pendiente. “Ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni Ertzaintza y Mossos d’Esquadra van a perseguir a nadie por considerarlo un adversario político. Hay que erradicar ese concepto y limpiar esa imagen”. Así de contundente se mostró el pasado 22 de Noviembre en el Senado el propio Zoido en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ante todos los grupos políticos. De forma más o menos clara admitía la existencia de otro problema y al mismo tiempo su voluntad de marcar distancias con su antecesor, quién llegó a ser grabado en su despacho mientras medraba con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.
Muchas de las prácticas que se llevaron a cabo en la pasada legislatura -la primera sin atentados terroristas- están teniendo consecuencias directas en los tribunales. Un ejemplo es lo que afecta a las pesquisas contra el clan Pujol. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata desconfía de una serie de archivos aportados por la Policía al desconocer el modo en el que fueron obtenidos. Según informó el EL ESPAÑOL, esos documentos proceden en concreto de un hackeo del ordenador del primogénito del clan.
Y aquellos datos acabaron en manos de la Unidad de Inteligencia creada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional para investigar casos de corrupción que afectasen a políticos independentistas catalanes. El juez quiere saber cómo llegaron los datos del ordenador a los investigadores. Determinar el origen de esos archivos es clave porque en caso de tener un origen ilícito podría contaminar esa parte de la causa. 

CONSECUENCIAS EN LOS TRIBUNALES

Eso es justo lo que pretenden que suceda los Pujol y los responsables de Banca Privada de Andorra (BPA) en la investigación que se sigue en el Principado contra la entidad financiera por blanqueo. Un Juzgado investiga al mismo tiempo la denuncia de uno de sus responsables, según el cuál, policías españoles de la misma Unidad de Inteligencia les amenazaron para conseguir información de las cuentas que la familia del ex president catalán tenía en BPA.
Según pudo acreditar este periódico, los banqueros fueron sometidos a vigilancias por la Policía española y entre los métodos empleados copiaron el mecanismo que se empleó en el bar Faisán de Irún para dar un chivatazo a la red de extorsión de ETA. Todavía hay más casos judicializados que sirven de escenario para disputas entre clanes policiales, la mayoría de ellos protagonizados por ex integrantes de la misma Unidad de Inteligencia que llevó a cabo la denominada ‘Operación Cataluña’.
Algunos de sus máximos representantes mantienen un encarnizado enfrentamiento, especialmente el comisario José Villarejo (ya jubilado) y el comisario Marcelino Martín Blas, ahora al frente de las pesquisas policiales sobre el 'caso Nicolay' en el que quiso imputar a media cúpula policial. Otros han encontrado buenos destinos como el inspector José Ángel Fuentes Gago, a quien el ministro aludía como persona de confianza en sus conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, disfruta de un cómodo destino en La Haya (Holanda).

¿QUÉ FUE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA?

Bonifacio Díaz, personaje clave en el supuesto chantaje a los directivos del BPA durante sus años de agregado de Interior en Andorra fue destinado a otra embajada, la de México. José Luis Olivera, ex jefe de la UDEF, sigue al frente del Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Estuvo muy cerca de ser DAO, pero los escándalos que afectaron al ministro paralizaron el nombramiento.  
Si hubiese que fijar un punto de partida del enfrentamiento entre clanes habría que situarse en la  ‘Operación Emperador’ contra la mafia china de Gao Ping. Aunque le siguen varios más como el 'caso Nicolay' cuya última consecuencia ha sido una querella de Podemos contra el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el comisario Villarejo o el periodista Eduardo Inda por una presunta "comisión de delitos de extorsión, encubrimiento y obstrucción a la Justicia". En los Juzgados sigue también la instrucción del caso de la dermatóloga contra el empresario López Madrid. Estos son solo algunos casos más en los que lo que se conoce como la ‘cloaca policial’ ha salido de su ámbito subterráneo para entrar de lleno en los Juzgados. A veces, poniendo en riesgo investigaciones.

http://www.elespanol.com/espana/20170127/189231954_0.html

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