miércoles, 25 de enero de 2017

Piden cárcel para un guardia civil por filtrar datos de investigados

El cabo y un antiguo agente habrían ayudado al implicado en blanqueo de dinero del narcotráfico


La compleja red que blanqueaba millones de euros procedentes del narcotráfico y que fue interceptada por la Guardia Civil en 2012 en Melilla, Sevilla y Barcelona tuvo como posibles colaboradores un agente del propio cuerpo policial en Granada y otro excompañero de éste, que dejó el servicio activo y en aquella época ya era abogado de al menos uno de los investigados en esa importante operación.
La Fiscalía de Granada ha pedido penas de cinco años de prisión para los dos acusados, que fueron compañeros en Tráfico de la Comandancia de esta provincia. Uno de ellos, D. G. V., había pasado a situación de excedencia voluntaria en el tiempo en el que se desarrollaron los hechos (entre 2011 y 2012), para dedicarse a la abogacía en un bufete de Melilla. El otro acusado, C. L. C., cabo primero de la Guardia Civil, seguía ejerciendo sus labores habituales en Tráfico.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, el agente aprovechó su puesto de trabajo para tener acceso al aplicativo policial SIGO, donde aparece información de sospechosos y del trabajo policial, para filtrar datos que le había demandado su antiguo compañero en beneficio de uno de los investigados en ese momento por la Guardia Civil, poco antes de que cayera la red de delincuencia en la Operación Abyla.
Los dos acusados se enfrentarán a un juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada a partir del próximo 21 de febrero. Se les atribuye un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario público, en su modalidad de acceso indebido y agravado por su revelación a terceros. La Fiscalía considera al cabo primero autor de este delito y al ex guardia civil cooperador necesario y/o inductor.
Para ambos pide el Ministerio Público la misma pena de prisión de cinco años, aunque en el caso del agente en activo, agrega nueve años de inhabilitación absoluta.
En su escrito de acusación, el fiscal del Servicio de Criminalidad Informática explica que D. G. V. tenía en 2012 como cliente a un ciudadano marroquí (A. A.) que estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y que llegó a ser detenido antes de marzo de 2012 en el juzgado de Melilla que llevaba la conocida Operación Abyla, por la que fue desarticulada una red que blanqueó 32 millones de euros procedentes del narcotráfico internacional.
Antes del desarrollo de la operación, el cliente de este abogado que fue agente de la Guardia Civil en Granada necesitaba saber si existían órdenes de detención contra él que, al viajar, pudieran provocar su arresto en la frontera.
A través de varios SMS móvil, llamadas telefónicas y correos electrónicos que fueron investigados, el acusado que es guardia civil de Tráfico en Granada envió a su antiguo compañero la información requerida y que afectaba a la detención del cliente de éste.
El cabo primero utilizó su propio ordenador de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Granada para consultar la ficha policial del presunto delincuente a través del sistema, al que este funcionario no tenía autorización para entrar. Y empleó también el teléfono del trabajo para hablar con el otro acusado, al que supuestamente trasladó la información. Éste informó de lo descubierto a su cliente a través de un correo electrónico.
A raíz de estos hechos se hizo una auditoría de accesos al sistema SIGO y se descubrió que el acusado había hecho más consultas desde su ordenador en meses anteriores.

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