lunes, 20 de marzo de 2017

¿Es posible el acuerdo?

En los últimos días se han recrudecido las tensiones entre los miembros de la Guardia Civil y el Ministro del Interior y Dirección General del Cuerpo ya que se considera que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, no está cumpliendo con las expectativas generadas en el colectivo. Me pregunto si es posible llegar al acuerdo e instaurar una razonable cota de paz social dentro de la Guardia Civil.



¿Es posible el acuerdo?

Como inciso previo sugeriría al mismo Ministro y al Director General que leyeran este artículo como herramienta que les permita profundizar y analizar el problema desde una perspectiva lo más amplia posible, como nos decía el Director General, algo propio del “método judicial”. Si quienes les asesoran son leales, no dudarán en ponerles esta misiva sobre la mesa para que tengan un mayor conocimiento de la realidad y de las sensibilidades que hay en juego.

Son muchos los asuntos que en los últimos años vienen enfrentando a guardias civiles con el Ministerio del Interior, del actual y de anteriores gobiernos, pero entre éstas podemos destacar dos: las retribuciones y las plantillas del Cuerpo.

Recientemente se aprobó una moción en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a mejorar las retribuciones de la Guardia Civil y el Sr. Zoido ha dicho que está trabajando en ello pero que no esperemos resultados hasta dentro de un par de años, que es un objetivo de Legislatura. Es como aquella frase de José Mota: “Sí, pero hoy no, mañaaanaaa”.

La otra cuestión, de plena actualidad, que enfrenta a guardias civiles con el Ministro es el dimensionamiento de su plantilla. 

El total de la plantilla de la Guardia Civil se regula con dos instrumentos normativos, la Oferta de Empleo Público y el Real Decreto por el que se aprueba la plantilla reglamentaria. Y digo de plena actualidad porque en estos días se tramita el proyecto de ese Real Decreto de plantillas que, tras su paso por la Comisión de Normativa, el día 14 de marzo recibió el voto negativo de las asociaciones, salvo el de la Unión de Oficiales (UO), asociación que reservó la emisión de su voto para la sesión del Consejo que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo.

Y habrá quien se pregunte, ¿cómo la Unión de Oficiales que ha sido la asociación que más ha batallado en materia de plantillas reglamentarias no ha votado directamente en contra como al resto de asociaciones? Esa pregunta quizás se responda con otra. Antes de votar en contra del proyecto ¿es posible incluir alguna mejora en la norma que permita llegar al acuerdo y lograr un voto positivo?

Y es aquí donde hay que contar lo que algunos desconocen, han olvidado, quieren ignorar o simplemente tergiversar.

La Ley 30/2007 de la Carrera Militar unió a las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas y ordenó al gobierno que presentara un proyecto de Ley que hiciera lo mismo con la Guardia Civil. 

Sin embargo ese proyecto se enquistó y el gobierno de entonces (PSOE) lo guardó en un cajón durante muchos años (evidentemente alguien se beneficiaba de esa situación). Esto incluso llegó a propiciar una manifestación en cuya organización participó la Unión de Oficiales con el objetivo de que se aplicara el mandato de la Ley de la Carrera Militar (algunos interesados llegaron a decir que la manifestación perseguía la desmilitarización del Cuerpo cuando en realidad se estaba pidiendo la aplicación de una Ley, precisamente la Ley de la Carrera Militar –eso queda para el anecdotario-). 

Cambió el Gobierno y tras múltiples reuniones la nueva cúpula del Ministerio (PP) y de la Guardia Civil decidieron que se tramitaría la Ley pero con dos objetivos claros: El primero, que aunque la Ley permitiera la integración de aquellos que quisieran, la Ley estaría orientada a que la verdadera integración sería para los oficiales que ascendieran en el futuro pero no para los que ya lo eran, de ese modo las escalas quedarían prácticamente como están ahora hasta su extinción. 

El segundo, y como compensación por lo anterior, se mejoraría la tasa de encuadramiento, por un lado por ser necesario para la propia Guardia Civil y por otro también para dotar de una mejor carrera profesional a los oficiales, pese a que se quedaran en una escala a extinguir, de modo que todos experimentasen una mejora profesional.

La Unión de Oficiales nunca estuvo de acuerdo con ese criterio pues siempre defendió la constitución de una escala única para dar cohesión y fortaleza a la Guardia Civil. 

En cualquier caso, vistas las trabas y negativas de la Administración a la propuesta de UO, se consideró que era mejor tramitar la Ley con aquellos criterios que imponía el Ministerio antes que volver a dejarla en el cajón y seguir incumpliendo la voluntad del Legislador impuesto por la Ley de la Carrera Militar, creando con ello inseguridad profesional, desinformación y desmotivación entre los afectados.

De ese modo, la Unión de Oficiales, aún sin apoyar el proyecto de Ley, no se opuso a su tramitación y se dedicó a trabajar para conseguir mejoras en la tramitación parlamentaria, tramitación que todos sabemos que no fue pacífica pues inicialmente no se accedía a garantizar unas plantillas mínimas en la Ley con lo que las
prometidas mejoras podrían verse frustradas en cualquier momento.

Debemos recordar e incidir en el objetivo que se marcó por el Ministerio y Dirección General, que todos mejorasen y nadie saliese perjudicado por el proceso de integración. La Ley sentó las bases para que se cumplieran esos criterios, regulando algunos aspectos directamente y relegando otros al desarrollo reglamentario, en concreto el Real Decreto de Plantillas en el que muchos tienen puestas sus expectativas.

Sin embargo, superados los escollos iniciales y dejando expedito el camino para dar el impulso definitivo a esas necesarias, obligadas y consensuadas reformas, el Ministerio y la Dirección de la Guardia Civil pretenden volver a tropezar en la misma piedra, volviendo a enquistar la situación al incumplir sus compromisos y dejar atrás, en la estacada, a parte de sus miembros, como ya hiciera cuando separó las escalas de oficiales. Y en eso no puede estar de acuerdo la Unión de Oficiales. 

El proceso de integracióncausa perjuicios inmediatos a unos, y a medio plazo a otros, y ese no era el criterio que se fijó, esa no era la promesa del gobierno que preside Mariano Rajoy bajo cuyo mandato se aprobó la Ley de Personal de la Guardia Civil a finales de 2014, que prometió mejoras para todos.

El proceso de integración de escalas provoca innegables disfunciones que deben ser corregidas con el desarrollo reglamentario, por eso cuando la Ley establece las plantillas habla de mínimos, que deben ser corregidos mediante desarrollo en Real Decreto. 

Por un lado el proceso de integración colapsa a los tenientes y capitanes de la nueva Escala de Oficiales produciendo un perjuicio inmediato. Para este problema el proyecto de Real Decreto que presenta el Ministerio no comienza a aportar solución hasta dentro de tres años. 

Por otra parte, entre quienes permanecen en las escalas declaradas a extinguir debemos distinguir entre quieres obtienen una mejora a corto plazo, quienes no mejoran respecto a la situación actual y quienes a medio plazo
empeoran. Es decir, en este caso dentro de la misma escala hay quienes obtienen una mejora y otros un perjuicio ¿Dónde quedaron las mejoras para todos?, ¿aquello que nos dijeron entonces era mentira?

Si la Dirección General de la Guardia Civil o el Ministerio quiere incumplir compromisos debe saber que no puede contar con nuestro apoyo mientras haya oficiales que no participen de las mejoras y sean perjudicados. No se trata de defender un número concreto de plantilla sino de defender principios, el primero que los acuerdos son para cumplirlos (pacta sunt servanda) y el segundo es que todos deben participar de las mejoras pero, en todo caso, nadie debe salir perjudicado a diferencia de lo que ocurre ahora si no se corrige el proyecto de Real Decreto.

¿Hay formas de solucionar estas disfunciones? La respuesta es rotundamente SÍ. Para ello solo hay que adelantar parte del gasto previsto (menos de un millón de euros) al primer y segundo año de vigencia del Real Decreto para el empleo de Comandante de la nueva Escala de Oficiales e incrementar en al menos diez empleos más el total de Tenientes Coroneles y Comandantes en la Escala de Oficiales de la Ley 42/1999 (que supondría un coste aproximado de unos cien mil euros a aplicar en el año 2020-2021). Esto supondría que, aunque las mejoras sean menos para unos que para otros, se minimicen los perjuicios que generan las disfunciones introducidas por el proceso de integración.

Estas cifras, en el contexto de la plantilla de la Guardia Civil en torno a los 80.000 efectivos y un presupuesto global que supera los 2.500 millones de euros, es sencillamente ridículo. No podemos creer, no nos creemos que no sea posible. 

Vemos como cuando el gobierno quiere aporta decenas o incluso cientos de millones de euros ante las más diversas y variopintas situaciones. Por mucho que se nos pongan por delante excusas presupuestarias no hay otra conclusión posible que la falta de voluntad del Ministerio sobre todo cuando la tasa de encuadramiento de la Policía sigue siendo el doble que la de Guardia Civil. 


Nosotros estamos convencidos de que se puede y se debe hacer pero claro, hay que querer. No tiene sentido que estas ridículas cifras impidan al Ministro cimentar con hechos el cumplimiento de sus compromisos y contribuir a la necesaria paz social y cohesión que necesita el Cuerpo. En todo caso, si no quieren mejorar la situación que nos lo digan claramente pero que no nos engañen diciendo que no hay cien mil euros para la Guardia Civil.

¿Es posible el acuerdo? Claro que sí. Sabemos que es posible sacar adelante este proyecto con consenso y ponernos a trabajar juntos, Ministerio y asociaciones (al menos la Unión de Oficiales), de forma constructiva y sosegada para seguir mejorando la Guardia Civil, pero no nos puede pedir que renunciemos al principio de proteger a todos nuestros oficiales, no nos pueden pedir que dejemos a parte de los oficiales en la cuneta, no podemos aceptar que el Ministerio del Interior quiera dar mejoras a unos y olvidarse de otros. 
Cuando preguntamos si es posible el acuerdo quizás la pregunta que deberíamos formular es si el Ministro del Interior quiere llegar a ese acuerdo.

Nosotros sí, nosotros sí queremos llegar a una situación de consenso y poder emitir un voto positivo y respaldar el proyecto del Ministerio. 

Por eso hemos reservado nuestro voto, porque consideramos que aún es posible votar a favor de este proyecto normativo si se incorporan unas mínimas pero imprescindibles mejoras, sin las cuales sería imposible votar a favor y dar paz social a este proceso del que ya nos gustaría pasar página.

El próximo día 22 se celebra sesión del Consejo de la Guardia Civil donde podremos comprobar y atestiguaremos si existe verdadera voluntad del Ministro del Interior, Sr. Zoido por cumplir los compromisos de su gobierno, poner solución y llegar a una situación de consenso o, por el contrario nos seguirá dando largas al estilo José Mota.
Nosotros sí, nosotros sí queremos que haya solución y consenso.

Francisco G. Ruiz
Presidente de la Unión de Oficiales.

http://www.unionoficiales.org/index.php?mod=noticias&noticia=2700

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