martes, 14 de marzo de 2017

Rebelión en la Guardia Urbana por la protección de Colau a los okupas

Rebelión en la Guardia Urbana de Barcelona por la orden de Ada Colau para empujar a los agentes a proteger a los okupas ante desalojos que se lleven a cabo de forma extrajudicial

El sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, ha exigido por carta a la alcaldesa de Barcelona que revise su instrucción al entender que traslada a las patrullas responsabilidades propias de un juez, por tener que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes de paralizar o no el desahucio.
En una carta remitida a la primera edil de Barcelona, a la que este diario ha tenido acceso, el CSIF acusa a la alcaldesa de «policializar» cuestiones que entiende deben ser resueltas entre particulares y le recrimina que está comprometiendo «la seguridad jurídica de los agentes» al obligarlos a tomar parte en desalojos que no han sido dictados por un juzgado.
El procedimiento operativo 11/17, vigente desde el pasado 28 de febrero, obliga a los policías locales de Barcelona a «evitar cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras» si han podido acreditar «in fraganti» que las personas desalojadas «lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones».
La orden policial, que EL MUNDO reveló el pasado martes, pretende que los agentes sean capaces de acreditar si el desalojo se está llevando a cabo «utilizando amenazas o coacciones» simplemente «identificando» a las personas implicadas y «escuchando sus versiones».
«Si a mi mañana me llaman para aplicar este procedimiento, le diría al okupa que vaya a denunciar al juzgado si se siente coaccionado», sostiene Eugenio Zambrano, portavoz del CSIF en la Guardia Urbana de Barcelona y agente en activo del cuerpo. Zambrano considera que su forma de actuar no implicaría «desobediencia» porque la orden de Colau «no es clara, ni acorde a la ley». «Y, por tanto, no tengo por qué cumplirla», añade.
El portavoz del sindicato considera que «si las coacciones no van acompañadas de violencia, no son perseguibles de oficio por la policía». «Los jueces a veces no pueden resolver sobre este extremo y pretenden que nosotros tomemos la resolución en la vía pública», se lamenta Zambrano, quien también cuestiona que se pueda «identificar alegremente a la gente» pese a que se esté llevando a cabo un desalojo extrajudicial.
El representante del principal sindicato de la función pública acusa a Colau de «querer poner a disposición del movimiento okupa y en contra de los propietarios a su propia policía».
En su carta a Colau, el CSIF le propone que deje de recurrir a la policía local como «un recurso fácil» y un «instrumento que sustituya otras posibilidades de intervención de la Administración en la resolución de determinadas problemáticas en las que la Guardia Urbana debe de ser un agente de orden y complementariedad, no el principal actor, ni menos el único garante». Por ello, el sindicato insta al Ayuntamiento a utilizar servicios de mediación en conflictos entre particulares capitaneados por los servicios sociales del Consistorio.
Menos beligerante, pero también contrario a la instrucción se ha mostrado SAPOL, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, quien considera que «todos los miembros del cuerpo policial tienen muy clara la actuación ante las coacciones y amenazas en un desalojo» y añade que la orden de Colau «sólo es una muestra más del postureo del Gobierno de Barcelona».
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/13/58c593d0ca47415d488b45a6.html

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