sábado, 9 de septiembre de 2017

El gobierno español teme actos de violencia y lanza su aparato legal contra Cataluña

Crece la tensión luego de que el Parlamento catalán aprobara, esta semana, dos leyes de ruptura con Madrid.

El gobierno español teme actos de violencia y lanza su aparato legal contra Cataluña



El gobierno español reconoció este viernes que le preocupa que se puedan registrar sucesos violentos por las crecientes tensiones que provoca la convocatoria del ilegalizado referéndum independentista catalán del 1° de octubre.
El ministro portavoz, Iñigo Mendez de Vigo, transmitió esta preocupación, cada vez más presente a menudo que se ahonda el más grave conflicto de Estado que afronta la democracia española desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Recordó que el “pueblo catalán siempre ha recurrido a la concordía y la convivencia”.
Pero si este llamamiento no funciona se actuará “con los instrumentos de la democracia”. Entre estos recursos se encuentra la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite adoptar una serie de medidas sobre sectores de la comunidad autónoma, en este caso Cataluña, y llegar incluso a suspender su autonomía.
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Mariano Rajoy y los socialistas han rechazado esta alternativa, pero la han considerado después de la auténtica rebelión secesionista en las 48 horas negras del Parlamento catalán, donde se “atropelló” a los diputados opositores para permitir vertiginosamente aprobar, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, las dos leyes de ruptura total con España: del Referéndum y la Transitoriedad.
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De esta manera, el Ejecutivo se aseguró el cumplimiento de medidas a favor del interés general y el control estricto de la policía catalana, los Mossos de Esquadra. Hasta ahora Rajoy ha evitado todo alarmismo pero el nivel del desafío separatista y el incumplimiento sistemático de la legalidad democrática durante las sesiones del Parlamento, han dado un vuelco a su talante de prudencia que empieza a ser criticado por “blandura”.
Los planes de Rajoy son secretos, por supuesto, pero este corresponsal recuerda que cuando cubrió la información de las multitudinarias Diadas y, sobre todo durante el fallido referéndum no vinculante del 9 de noviembre de 1974, se produjeron desplazamientos de fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional por prevención. Ninguno de estos contingentes, de rápido desplazamiento, entraron a territorio catalán, pero tienen bases muy próximas.
“El gobierno ha previsto todos los escenarios posibles y tiene capacidad de actuación en todos ellos”, indicó. Las medidas más importantes han estado profundamente ligadas a las intervenciones judiciales y también de organismos oficiales que controlan posibles irregularidades en la administración catalana.
Rajoy ha puesto en marcha su propio “rodillo”, de la mano de los tribunales de justicia y las fiscalías. Son de una extensión y una dureza inéditas hasta ahora. Ha sido la crisis en el parlamento lo que más ha impulsado esta reacción espectacular.
El ejemplo más contundente son las dos leyes de ruptura total.La del Referéndum fue ilegalizada por el Tribunal Constitucional en menos de 24 horas desde que fue aprobada. La misma celeridad se está aplicando con la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República que trata el Alto Tribunal. Con estas iniciativas los separatistas intentan reemplazar la legalidad española con otra catalana.
Estas iniciativas se han multiplicado para bloquear una serie de procesos vinculados al desarrollo de las dos leyes de ruptura. Además, el Ejecutivo ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional de “ejecución” de medidas contra quienes en el Parlamento han incumplido sentencias del Alto Tribunal contra la presidenta Carmen Forcadell y sus colaboradores, que aceptaron incluir en el orden del día del Parlamento convocatorias para el referéndum ilegalizado.
Estas actitudes se han vuelto a repetir en el caso de las dos leyes de ruptura y por lo tanto son tres los procedimientos que deben afrontar Forcadell y los miembros de la Mesa parlamentaria.
Se produjo entonces la acción más enérgica, inédita hasta ahora, cuando el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, anunció tres actuaciones del ministerio público. La primera es una querella criminal contra los miembros de la Mesa del Parlament encabezados por Forcadell.
La segunda es también una querella criminal, es decir que implica delitos penales, contra todos los integrantes de la Generalitat (gobierno) empezando por su presidiente, Carles Puigdemont, y su vice Oriol Junqueras, los dos líderes principales de los partidos que integran la coalición mayoritaria. Y además, contra todos los consejeros (ministros) que firmaron solidariamente las leyes para hacerse colectivamente responsables.
Las querellas acusan a los altos responsables políticos de haber cometido delitos por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Este último implica un reproche penal grave por utilizar dineros públicos en gastos vinculados a las leyes o actividades ilegalizadas. Los dos primeros delitos implican inhabilitación en funciones públicas y la malversación penas de prisión.
El fiscal general ha explicado que también tiene previsto cursar “las órdenes oportunas para que la Policía Judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”. Es decir, para que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional se incauten de urnas, boletas electorales, sobres, censo ilegal y ordenadores destinados a la consulta. También tienen orden de clausurar la web de la Generalitat sobre el referéndum.
El Fiscal General también solicitó autorización al Constitucional para practicar allanamientos en domicilios u otros lugares que exijan autorización judicial. Insto a los directores de los medios a retirar los anuncios de la Generalitat auspiciando el plebiscito ilegalizado.
Un aspecto muy importante para impedir el referéndum ilegalizado es que los independentistas quieren utilizar, de los 948 ayuntamientos catalanes los que acepten sus órdenes de poner a disposición de la gestión del referéndum de recintos municipales para instalar mesas de votación.

El Tribunal Constitucional ha enviado más de 1.100 notificaciones a los alcaldes o directores de algunos institutos para que tengan en cuentan la prohibición de permitir esas votaciones. En caso de desobediencia se aplicará a todos los transgresores castigos que implican inhabilitación o en caso de ser funcionarios públicos, la separación de empleo y sueldo.

https://www.clarin.com/mundo/gobierno-espanol-teme-actos-violencia-lanza-aparato-legal-cataluna_0_ryNzUKeq-.html

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