lunes, 18 de diciembre de 2017

Una cuestión de justicia

LA RAZÓN decidió hacer suya una crónica reivindicación de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil

C.S. Macías

El pasado 8 de octubre arrancó una intensa campaña informativa y de opinión para demandar al Gobierno y al resto de las instituciones del Estado afectadas la imperiosa necesidad de establecer la equiparación salarial de los hombres y mujeres que prestan su servicio en esos dos cuerpos de seguridad con quienes desempeñan idéntica labor en las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.

 Desde entonces se ha avanzado en la suma de apoyos a esta petición, así como en el hecho de haber hecho visible para la clase política y para la sociedad en general un problema que había caído en el olvido con el pasar de los años. 

Decíamos en uno de los editoriales que hemos dedicado a este fundamental asunto que ha brotado un clamor social frente a lo que sólo puede catalogarse como agravio al que se han sumado los políticos. 

El Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, ha reconocido la urgencia de acabar con una situación de discriminación y ha anunciado la voluntad del Gobierno de incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las primeras medidas económicas para la restitución de la convergencia salarial entre los cuerpos de seguridad que operan en España. Hay que ponderar como merece el consenso de los principales partidos en torno a este asunto notable de la agenda política, lo que cobra mayor relevancia por ser la nuestra una clase dirigente esquiva a esta clase de sintonías transversales.

 El jueves mismo, Ciudadanos ratificó que su grupo sólo apoyará las próximas Cuentas del Reino si se incluyen 500 millones de euros para la equiparación salarial como primera partida de las tres que deberían completar los 1.500 millones en venideros ejercicios.

 En ese pulso ha resultado fundamental y lo será en el futuro la responsable capacidad de movilización de Jusapol y el liderazgo exigente y sensato de los sindicatos representativos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que confluyen en la necesaria unidad de acción. Todos ellos han hecho un muy buen trabajo y estamos seguros de que serán capaces de establecer una negociación fructífera con el Ministerio del Interior sobre esa imprescindible mejora de las condiciones salariales y laborales de policías y guardias civiles siempre desde la inteligente unidad de acción. 

En cualquier caso, y pese al salto cualitativo en el reconocimiento de la reivindicación, la batalla no puede darse por terminada. La experiencia nos ha deparado ejemplos suficientes de promesas incumplidas realizadas al calor de los acontecimientos o de campañas mediáticas.

 Es, por tanto, obligado perseverar hasta que las palabras se conviertan en hechos tangibles en las nóminas de los agentes bien sea a través de la deseable aprobación de los Presupuestos de 2018 o, en su caso, por medio de un Real Decreto Ley de medidas urgentes como los utilizados para situaciones parejas sobre disponibilidad financiera. Todos los esfuerzos estarán justificados en una causa que, no nos cansaremos de repetir, es justa como pocas. 

La Guardia Civil y la Policía Nacional conforman la columna vertebral de la seguridad ciudadana y así son percibidos, correctamente, por la inmensa mayoría de la sociedad española. Son dos instituciones ejemplares, no sólo por su profesionalidad y eficacia a la hora de combatir el crimen y proteger a los ciudadanos, sino porque actúan desde el exquisito respeto a la Ley y a los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. 


Por ello, el escandaloso agravio comparativo que sufren estos hombres y mujeres debe acabar. No se trata sólo de terminar con una situación anómala, sino de reconocer una labor digna de todo elogio como la que desempeñan estos magníficos funcionarios públicos. 

Ya es grave y terriblemente injusto que esta arbitraria situación se haya mantenido a lo largo del tiempo, pero sería intolerable que se prolongara todavía más especialmente en una etapa de bonanza económica para un país como España que lidera el crecimiento entre las grandes potencias europeas. 

Se trata, pues, de reconocer la excelencia y la dedicación en el servicio de esos miles de agentes que siempre responden, aun en las peores circunstancias, a los requerimientos que se les hacen, como recientemente hemos tenido la ocasión de comprobar en la crisis golpista de Cataluña, y que son capaces de los mayores sacrificios con riesgo de sus vidas, como trágicamente sucedió en el tiroteo del jueves en Teruel. 

Sin duda, los ejemplos de décadas de entrega y servicio a España darían para muchos tomos y conviene que todo ese patrimonio se grabe en la memoria colectiva de la sociedad por la que velan. No piden nada que no les pertenezca, que no se hayan ganado y se lo ganen a diario. 

Gracias a ellos, a sus desvelos, a sus horas de sueño arrebatadas, a sus patrullas, a su coraje y a su entrega, España es hoy uno de los países más seguros del mundo y quienes vivimos en él lo sabemos y valoramos. El Estado está obligado a responder y los políticos, a estar a la altura. Ellos se lo merecen.

http://www.larazon.es/espana/una-cuestion-de-justicia-CG17224644

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