sábado, 17 de febrero de 2018

Que alguien detenga a la Guardia Civil

A cada nuevo informe filtrado o cada nueva ampliación del círculo de sospechosos que firma la Guardia Civil, se confirma que en Catalunya tenemos un problema más grave y urgente que investir a un president y formar un gobierno: detener a la Guardia Civil antes de que se hagan daño, se lo hagan a alguien o, peor, acaben cometiendo algún delito.

Antón Losada



Antón Losada 
Cuando la Guardia Civil sostiene que el independentismo ha usado tácticas de “delincuencia organizada” solo caben, en buena lógica, dos conclusiones: o toda acción política es delito per se para la Benemérita o a todo lo que no entienden le llaman delincuencia organizada; igual que los médicos te dicen que tienes un virus cuando no saben qué tienes exactamente.
La obsesión por identificar “cerebros” e “ideólogos” en el procés nos remonta a décadas atrás, cuando pensar y tener ideas constituía delito y estaba penado con la prisión. Considerar perseguible la producción de un documental sobre una idea que puede presentarse a unas elecciones y una aspiración tan legítima como representa la independencia es un puro delirio. La lista de sospechosos crece cada día sin más criterio aparente que ir incluyendo a todos los previamente señalados como cómplices o equidistantes durante la batalla política e ir eliminando candidatas o candidatas potenciales. Algún día, cuando pase esta histeria neoespañolista y se juzguen los hechos, alguien deberá responder penalmente por semejantes desafueros por pura higiene democrática.
Se confirma que en Catalunya tenemos un problema más grave y urgente que formar un gobierno: detener a la Guardia Civil antes de que se hagan daño, se lo hagan a alguien o, peor, acaben cometiendo algún delito
Si alguien no detiene a la Guardia Civil acabaremos entrando en la lista de imputables los académicos e intelectuales que no seamos abiertamente hostiles al independentismo, los futbolistas que no se nieguen a jugar hasta que no haya una sola estelada en las gradas o los consumidores que compren en establecimientos que solo rotulen en catalán.
El derecho penal y la justicia penal son restrictivos por definición y se rigen por el principio de mínima intervención. Les guía la certeza, no la suposición, porque afectan a derechos y libertades y su uso extensivo genera daños irreparables y costes inasumibles para una democracia. Las causas generales están expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico español. Tampoco las fuerzas del orden o los jueces pueden extender artificial y voluntariosamente su acción y sus imputaciones sin más base que su personal e intransferible convencimiento sobre la culpabilidad de los investigados, o sin más indicios que apreciaciones, hipótesis, juicios de valor, powerpoints y agendas.
Las cazas de brujas son incompatibles con la democracia y el “si es usted inocente seguro que no le importa acompañarme a comisaría para demostrarlo” solo vale en las dictaduras y en los estados policiales. Todo lo demás, excusas.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/anton-losada-detener-guardia-civil_239808_102.html

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