domingo, 4 de marzo de 2018

Las nóminas del agravio

Hay que remontarse al gol de Andrés Iniesta en 2010 para recordar algún acontecimiento que haya suscitado tanto consenso en los partidos políticos y en la opinión pública como el que ha sucedido esta semana. Prácticamente nadie en el arco parlamentario, en las tertulias, en las colas de los autobuses o en las barras de los bares ha puesto un pero al incremento inédito del 25% en el salario a los cuerpos funcionariales que conforman la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Uno de los barcos que sirvieron de alojamiento a los policías...


Se trata de una subida desproporcionada si se tienen en cuenta los usos y costumbres de la negociación colectiva. No hay precedentes. En un par de años un guardia cobrará de media 8.651,48 euros más que ahora, mientras que un policía recibirá 6.327, 26 euros. Podemos convenir que los agentes están mal pagados para los riesgos propios de su profesión y que es justa una revisión de sus nóminas. Pero no hay que demolerse las meninges buscando la lógica de la medida en los habituales términos laborales de productividad, complementos o variables, porque los condicionantes principales atienden a conceptos emocionales como la lealtad, la complicidad y, sobre todo, el agravio. Todo ello salpimentado con la debilidad del Gobierno.
El reconocimiento salarial a policías y guardias se origina el 1 de octubre, cuando sus unidades de antidisturbios suplieron a las mejor remuneradas de los Mossos. La felonía de sus mandos políticos y operativos mantuvo a estas últimas acuarteladas para generalizar una imagen de opresión del Estado.
Esto puede ser muy difícil de entender en Cataluña. El que recibe el empujón o el porrazo de un antidisturbios experimenta cómo sus derechos civiles tiemblan a la par que sus piernas. Sobre todo, si uno está convencido no sólo de no estar haciendo nada mal, sino de todo lo contrario. Pero lo que se vieron forzados a hacer esos funcionarios fue defender los derechos de un colectivo mayor, que es el conjunto de los españoles, frente a la voluntad de una minoría de cercenar su territorio a la brava.
Sucedieron cosas que jamás debieron pasar y que dejarán una cicatriz traumática durante años en la sociedad catalana. Pero las responsabilidades deben atribuirse a la traición de la Generalitat y, en menor medida, a las deficiencias de un dispositivo que tuvo a miles de agentes apelotonados en Piolines y, luego, expuestos a la ira popular.
Poco después de esos días tan desasosegantes, una alcaldesa del PSC me comentaba que las cargas del 1-O fueron un error imperdonable, que el Gobierno tenía que haber permitido unas votaciones que jamás tendrían validez jurídica. Le repliqué que aquellas imágenes fueron penosas, pero que para el resto del país había resultado muy humillante ver cómo se desalojaba a sus policías de pueblo en pueblo entre los pitidos de un puñado de vecinos. Esa deuda social de gratitud y de desagravio ante los desleales es la que se ha terminado de negociar durante estos días en el Ministerio del Interior.
Poco caso se ha hecho a la cláusula que equiparará por ley los sueldos de policías y guardias con los de sus homólogos autonómicos. Nadie ha explicado cómo se unificarán salarios que dependen de competencias de administraciones distintas. Quizá sea la famosa recentralización, que empieza a asomar la patita.

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/04/5a9b1018e2704ec37c8b4677.html

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