martes, 8 de mayo de 2018

La ONU admite otras dos denuncias contra España por vulneración de derechos de agentes con discapacidad

Los afectados, un guardia urbano de Hospitalet y un mosso, alegan que se les discrimina al no permitírseles seguir en activo pasando a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral.


Mossos d'Esquadra




ARACELI GUEDE

El camino lo abrió Vicente Flores. Este exguardia urbano de Barcelona logró en 2015 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU admitiera a trámite su denuncia, interpuesta al serle denegado por parte del Ayuntamiento el paso a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral. 

Le siguió Jordi en 2016, compañero de la localidad gironesa de Figueres. Y ahora Naciones Unidas ha aceptado otras dos comunicaciones individuales, una de un agente local del municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat y otra de un mosso d'esquadra. 

Estas denuncias se presentan contra España, y de forma subsidiaria contra el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, según informan Ailmed y Ailpod, asociaciones creadas para ayudar a mossos y policías locales en la misma situación. 

Los afectados alegan que se les está discriminando al no permitírseles seguir en activo a través del desempeño de funciones no operativas y citan el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a los problemas físicos sobrevenidos en el ámbito profesional. 

Un tratado de 2008 El tratado, en vigor en España desde 2008, establece que los "Estados Parte" tienen dos obligaciones respecto al mundo laboral: la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo. 

Este texto internacional determina igualmente que los firmantes deben "tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad", así como "velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención". 

Tras acusar recibido de estas dos nuevas demandas, la ONU solicitará la información y las observaciones oportunas al Gobierno, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse. Estas les serán trasmitidas a los denunciantes, que podrán a su vez hacer los comentarios que consideren. El proceso que se abre es largo y puede durar años. No en vano ni Vicente ni Jordi han recibido aún una resolución sobre sus casos.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3334105/0/onu-admite-denuncias-espana-vulneracion-derechos-agentes-discapacidad/#xtor=AD-15&xts=467263

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