sábado, 9 de junio de 2018

Interior crea un protocolo para “resolver los conflictos” entre Policía y Guardia Civil

El documento fija por primera vez criterios para determinar qué cuerpo debe investigar cada caso de secuestro de españoles en el extranjero


Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una imagen de archivo.



El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el primer protocolo para “resolver los conflictos” que surgen entre la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando coinciden en una investigación. El documento fija cuatro criterios para determinar qué cuerpo policial debe hacerse cargo, en concreto, de los secuestros de españoles en el extranjero. La iniciativa surgió después de que la policía amenazara en 2016 con denunciar ante la fiscalía la supuesta injerencia del instituto armado en un suceso ocurrido en Colombia con una periodista española.

El protocolo fue elaborado por el equipo del entonces ministro Juan Ignacio Zoido pocos días antes de que triunfara la moción de censura y entró en vigor el pasado martes. Se trata de una instrucción interna que fija “el criterio de asignación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los casos de secuestros de españoles perpetrados en el extranjero”. Aunque la rivalidad entre Policía Nacional y Guardia Civil abarca todos los ámbitos, Interior justifica la elección de esta modalidad delictiva “por la proliferación de este tipo de hechos en determinados países” y su “repercusión” mediática. Hasta ahora, el cauce para resolver estos conflictos era el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un organismo en el que participan ambos cuerpos, pero que ha sido incapaz de terminar con los encontronazos.
El documento determina que el primer criterio para asignar a un cuerpo u otro la investigación será “el lugar donde se hayan manifestado en España los efectos del delito” y, en concreto, donde se haya recibido las “comunicaciones extorsivas”, en referencia a hipotéticas llamadas para reclamar un rescate. Si el domicilio del “receptor” está en el territorio que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 fija como territorio bajo competencia de la Policía Nacional —capitales de provincia y núcleos urbanos— será esta la encargada de las pesquisas. Si es en un pequeño municipio o el ámbito rural, será la Guardia Civil. En ausencia de esa llamada, Interior establece como criterio determinante “el domicilio habitual de la víctima en nuestro país” o, en caso de que resida fuera, el último que hubiera tenido en España.
Ante la posibilidad de que tampoco así se resuelva la disputa, se establece que se haga cargo de la investigación el cuerpo policial ante el que se haya presentado la denuncia en España o, si se ha hecho en un juzgado o ante la fiscalía, el que determinen estos. Si el secuestro no se ha denunciado, la investigación se asignará por “el lugar en el que se hubiera tenido la primera noticia del delito”, sin más concreción. Si, finalmente, ninguno de estos criterios resuelve la disputa, el secretario de Estado de Seguridad decidirá a qué cuerpo se encomienda.
Mandos de ambos cuerpos policiales coinciden en que el nuevo protocolo es “insuficiente” para acabar con unas disputas que se arrastran desde hace años y que tuvieron un momento crítico en mayo de 2016. Entonces, el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, se quejó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de la supuesta “injerencia” de la Guardia Civil en la investigación por el secuestro en Colombia de la corresponsal de El Mundo Salud Hernández-Mora. En un escrito, el alto mando policial llegó a calificar de ilícita la actuación del instituto armado. Finalmente, la denuncia no se produjo.
Un responsable policial que participó en aquel suceso asegura que estos incidentes “dan mala imagen y pueden perjudicar a la investigación”, pero duda de la utilidad del nuevo protocolo para evitarlo. En su opinión, Interior debe abordar la reforma de la ley de 1986 que fijaba las funciones de cada cuerpo policial. “Ni la Policía ni la Guardia Civil de hoy son las de hace 30 años y se hace necesario una reasignación de competencias. Mientras no se haga, la Guardia Civil irá por libre”, denuncia. En el instituto armado coinciden en la necesidad de cambiar la ley, pero niegan que la actuación de sus agentes se salte la actual. “La Policía Nacional siempre dice que las competencias en el exterior son suyas y no es cierto. Hacen una interpretación interesada de la norma”, afirma un alto mando de la Guardia Civil.

UN LARGO HISTORIAL DE ENCONTRONAZOS

Los encontronazos entre policías y guardias civiles han sido numerosos en los últimos años. Uno de los más graves se produjo en febrero de 2013 en Madrid. Agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en el Consulado de Francia. El incidente obligó a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos.
Meses después, la firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y la policía de Colombia provocó un enorme malestar en la Policía Nacional al considerar que el mismo invadía sus competencias. El enfado fue aún mayor porque no tuvo noticia del mismo hasta que Interior colgó en su web una nota de prensa. La lucha antiterrorista también se ha visto salpicada. En mayo de 2014, el entonces ministro Jorge Fernández Díaz obligó a ambos cuerpos a unificar sus pesquisas sobre una célula yihadista de Melilla tras las acusaciones mutuas de injerencia.
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/06/actualidad/1528280635_047934.html

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