viernes, 20 de julio de 2018

Un guardia civil, expedientado por advertir de una irregularidad en seguridad aérea

El secretario general de la AUGC en Las Palmas, Juan Couce, forma parte de una campaña nacional para frenar los expedientes disciplinarios en la Guardia Civil por demandas "justas".




Ayer comenzó una campaña en la red social Twitter en la que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) demanda, en toda España, frenar la apertura de expedientes disciplinarios a miembros o representantes del colectivo por solicitar mejoras que la entidad considera "justas". 

Dos de los casos afectan a agentes femeninas; una por pedir chalecos antibalas adecuados para mujeres y otra por usar uno comprado por ella misma. 

En Canarias hay un funcionario del Instituto Armado afectado por la situación. Se trata de Juan Couce, secretario general de la AUGC en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Couce informó a la Dirección General de la Guardia Civil de que en un aeropuerto del Archipiélago se incumple la Ley de Seguridad Aérea.

Prefiere no decir dónde está ese recinto aeroportuario, tanto por razones de seguridad como de interés general.
La comunicación sobre esa circunstancia se produjo en marzo del año pasado y algunos meses después se produjo la apertura del referido expediente disciplinario.
Según manifiesta Juan Couce, con la información de esa supuesta irregularidad aportó "unos hechos con pruebas contundentes".
A raíz de este planteamiento, desde la Dirección General de la Guardia Civil se abrió un proceso informativo para determinar la veracidad de su denuncia. Sin embargo, según el portavoz de AUGC en Gran Canaria, unos mandos afirmaron que él hizo "aseveraciones falsas", es decir, que mintió. 
Y, además, señala que tampoco se autorizó la práctica de las pruebas "para demostrar que lo que digo es cierto". Couce señala que en el aeropuerto donde ocurren esas supuestas irregularidades trabajan agentes que pueden ser sancionados con 3.000 euros como mínimo por lo que están haciendo. 
Y comenta que a los mencionados mandos no les ocurriría nada, mientras que a dichos guardias, si incumplen las órdenes de los anteriores, pueden ingresar en una prisión militar. Para el representante de la AUGC en Las Palmas, "no es una situación sencilla". 

Couce recuerda que uno de los guardias civiles asesinados por "Igor el Ruso" en Teruel carecía de un chaleco antibalas adaptado a su fisonomía. Otro ejemplo de la campaña "#StopExpedientesAUGC" es Pilar Vilacorta, cabo primero del Seprona en la Península. Según la Asociación, durante un ejercicio de tiro reclamó chalecos adaptados para ella y dos compañeras. 

Se le aplicó una falta grave, por lo que se enfrenta a tres meses de suspensión empleo y sueldo. A Alicia Sánchez, otra integrante de AUGC, llevar su propio chaleco le costó un juicio militar, donde fue absuelta, y la apertura de un expediente posteriormente.

http://eldia.es/canarias/2018-07-20/15-Expedientado-advertir-irregularidad-seguridad-aerea.htm

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