lunes, 8 de octubre de 2018

«No queremos que otros guardias civiles sufran lo de nuestro padre»

Una familia de Zaragoza critica la externalización del ISFAS ante Defensa. Han tenido que costear el tratamiento de un agente retirado por falta de atención

La Guardia Civil y la Policía Nacional son las instituciones más valoradas por los españoles en los últimos diez años, según se desprende de los diferentes barómetros del CIS. Un reconocimiento social al que siempre se unen los políticos cuando una investigación acaba éxito pero, ¿qué es lo que pasa cuando estos trabajadores se jubilan? ¿Se olvida la labor que hicieron un día por el Estado? Son algunas de las preguntas que la familia Manteiga se hace, después de que Antonio, un guardia civil zaragozano ya retirado, haya sido víctima no solo del ictus que sufrió, sino de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la «inadecuada» asistencia recibida en un clínica privada de la capital aragonesa perteneciente a Asisa, aseguradora externalizada por el Instituto Nacional de Fuerzas Armadas (ISFAS). Ahora, una vez hecho el daño piden amparo ante la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Adrián y Ciara Manteiga son los hijos de Antonio. Su vida y la de toda su familia cambió desde aquel 20 de septiembre del 2017 cuando su padre sufrió un ictus grave cuando disfrutaba de unas vacaciones en Asturias. Estuvo ingresado en el hospital universitario central del Principado, donde los sanitarios, de los que no tienen queja alguna, señalaron en sus informes que «neurológicamente desde el ingreso presenta afasia global, es decir, obedece un par de órdenes y luego se intoxica, no emite lenguaje, además de sufrir una hemianopsia y una hemiparesia por la que no controla el tronco».
Cuando su vida ya no corría peligro, los médicos asturianos validaron la posibilidad de ser trasladado a Zaragoza. No por comodidad, tal y como señala Manteiga, sino también «porque desde el seguro que asiste a los guardias civiles destacaban el coste de tenerlo en un hospital público». Mientras, la familia «vivía las 24 horas» en dicho centro sanitario.
Tal y como explican a la ministra Robles en un recurso de alzada, los médicos asturianos solicitaron el traslado al hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza para «continuar el tratamiento en fase aguda dado que tenía en ese momento procesos activos no resueltos como bronconeumonía e hipernatremia (elevado nivel de sodio en la sangre), si bien, tal y como destacan «la aseguradora insistió en un traslado a otro centro comercializado por Asisa y para ello se empleó un UVI móvil».
Al final no se hizo lo que los sanitarios que le trataron recomendaban, sino lo que quiso Asisa. Pero, en opinión de Adrián, no solo hicieron lo que quisieron, sino que fue a espaldas de los familiares de este guardia civil retirado. «Nos dijeron que saldría a las 8.00 horas de la mañana camino a Zaragoza, pero lo hicieron a las 2.00 horas, solo, ya que no nos avisaron y perturbando su descanso cuando era tan necesario», lamenta este joven zaragozano, quien apunta que lo decidieron así «para que no pudiéramos protestar, pues a esas horas de la madrugada no estábamos ese día en el hospital». Cuando pidieron explicaciones a la mutua esta dijo que «fue un error de las ambulancias», pero destaca que el personal sanitario del hospital asturiano «mostró su disconformidad, si bien no sirvió para nada».
Desde Asisa destacaron que el traslado a una clínica suya de Zaragoza se realizaba porque dicho centro concertado cuenta con los medios para atender la patología. Una afirmación que para Adrián Manteiga no es verdad. «No tenemos queja alguna del personal, pero, por ejemplo, en la clínica no hay un neurólogo de guardia, sino el que pasa consulta», apunta Manteiga, mientras destaca que el especialista que atendió a su padre señaló que precisaba cuatro servicios diferentes: fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neurorehabilitación. De todos ellos, el paciente solo pudo recibir uno de ellos, la fisioterapia, y por muy poco tiempo, puesto que los otros servicios no estaban en dicha clínica.
Una situación que lamentan «porque lo que no puede ser es que ISFAS contrate a una aseguradora que dice dar cobertura de una serie de servicios y luego no lo dé». «Durante todo ese tiempo hicimos constantes reclamaciones, pero nadie nos atendió en persona, siempre ante el teléfono y con respuestas que no nos convencían», asevera. Una de las opciones que les propusieron es que este hombre de 69 años fuera enviado a una residencia de ancianos para que le atendieran. Y todo ello a pesar de que la asistencia concertada ha de ser un contenido análogo al establecido para los beneficiarios del sistema nacional de salud.
Ante todo ello, esta familia zaragozana decidió un 21 de noviembre trasladarlo al hospital San Juan de Dios de Zaragoza (el único en Zaragoza donde podía recibir todos los cuidados que necesitaba) donde estuvo ingresado hasta el 7 de enero. Allí fueron atendidos de forma privada, llegando a abonar unos 1.300 euros la semana, para que Antonio Manteiga recibiera una atención sanitaria al igual que la del resto de los españoles, aunque con la salvedad de que tuvieron que costeársela ellos.
Ahora, este guardia civil ya retirado y su familia viven en su domicilio. Su estado mejoró, aunque las secuelas son evidentes. De hecho, tuvieron que contratar a una persona para atenderlo de forma diaria. Tiene reconocida la incapacidad, pero después de un año el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) todavía no le ha valorado la dependencia.
Esta familia y en concreto Adrián solo piden el reintegro de los gastos satisfechos al hospital San Juan de Dios y que ningún otro trabajador del Estado sufra lo que Antonio ha padecido y, por ende, lo que ellos están viviendo. Lamentan la discriminación que reciben los pacientes en función de si son atendidos por el salud o por el seguro, ya que todas las gestiones recaen en ellos.
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/no-queremos-otros-guardias-civiles-sufran-nuestro-padre_1314775.html

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