martes, 19 de marzo de 2019

Diabéticos pueden ser guardia civil o policía nacional pero no local

Igual ocurre con personas celiacas, con psoriasis o VIH

Todavía se mantienen ciertas exclusiones médicas para formar parte de la Policía Local en diferentes municipios andaluces.

FERNANDO CUADRADO

El Boletín Oficial de la Provincia de Almería publicaba el viernes, día 15 de este mes de marzo, los requisitos para optar a una de las 60 plazas de Policía Local en la capital y una en el municipio de Abla y dentro de su apartado de exclusiones refleja que las personas diabéticas no pueden optar a ninguna de las plazas. 

Todo ello, según han señalado desde el Consistorio capitalino, por la Orden de la Junta de Andalucía, del 22 de diciembre del año 2003, donde se establecen las pruebas selectivas, temarios, cuestiones de promoción interna y movilidad en la Policía Local. 

A pesar de ello, el Consejo de Ministros aprobó, el 30 de noviembre de 2018, una modificación de los cuadros de exclusión médica de cuatro enfermedades como la diabetes, la celiaquía, la psoriasis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) para acceder a posiciones del empleo público. 

Desde esa fecha  las personas que se presenten a las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, deben de ser valoradas por su condición individual y no por su diagnóstico, recuerdan desde la Federación Andaluza de Diabetes, que pertenece a la Federación Española de Diabetes FEDE.

Discriminación laboral 

Ese cambio, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de febrero de 2019 como “instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público”, entre las que figuran esas cuatro patologías. 

El Gobierno se basa en que el Tribunal Constitucional ha señalado que la enfermedad puede “en determinadas circunstancias constituir un factor de discriminación análogo a los expresamente contemplados en el artículo 14 de la Constitución, encuadrable en la cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones personales o sociales contemplada en el mismo”.

El Gobierno ha aprobado seis disposiciones en las que diabéticos, celiacos, personas con VIH o con psoriasis deben dejar de estar excluidos para el acceso a empleos públicos en todas las plazas que se convoquen “con posterioridada la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019” y en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2020”.

Contradicciones 

El caso es que las 60 plazas de la Policía Local de la capital pertenecen a la Oferta de Empleo Público de 2018 con lo que el Consistorio no está obligado a modificar la Convocatoria. En el caso de Abla hay una cierta controversia ya que sí pertenecen a la Oferta de Empleo Público del año 2019. Además, el Gobierno se obliga a ”promover, por los Departamentos competentes, la modificación de las normas reglamentarias que contemplen el VIH, diabetes, enfermedad celiaca, psoriasis y otras enfermedades que, en base a la revisión propuesta, no deban figurar como causa de exclusión genérica al empleo público”.

A todo esto, el presidente de la Federación Andaluza de Diabetes, Francisco Barroso, señaló ayer a La Voz de Almería que “parece que mientras que a nivel estatal ya se han tomado medidas para solventar esa discriminación” desde la administración autonómica o local aún quedan cosas por realizar. Y recordó que “un diabético bien controlado no debe ser discriminado en el tema laboral, porque hay muchos adelantos en el tratamiento de la enfermedad”.

Hacer justicia 

Por su parte, Andoni Lorenzo Garmendia, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE) señaló tras la aprobación que este hecho hacía que desde el colectivo se sintieran “muy satisfechos del resultado, porque se hace justicia tras muchos meses de trabajo y reuniones, primero recabando argumentación jurídica y médica a favor de nuestra petición y, segundo, presentado la documentación y llevando a cabo múltiples reuniones con diferentes instancias públicas para explicar nuestro posicionamiento”. Para el responsable de FEDE, 

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