jueves, 14 de marzo de 2019

La Audiencia absuelve a los cinco agentes de la Guardia Civil de Torrevieja acusados de torturas

El denunciante dijo que sufrió golpes y le obligaron a miccionar en envases plásticos pero los jueces no ven acreditados los hechos


La Audiencia absuelve a los cinco agentes de la Guardia Civil de Torrevieja acusados de torturas

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha absuelto a los cinco agentes de la Guardia Civil de Torrevieja acusados de torturar a un detenido en octubre de 2009. El denunciante expuso que le habían agredido cuando lo sorprendió un agente de paisano mientras tocaba insistentemente un telefonillo a las seis de la madrugada en una calle de Torrevieja, cercana al cuartel. Tras arrestarlo, fue trasladado, donde permaneció en calabozo dos días antes de pasar a disposición judicial. Allí, según la denuncia, fue golpeado y obligado a hacer sus necesidades en envases de plástico y le retiraron su medicación.
Unos hechos que la sentencia del tribunal no considera probados. Según la sentencia «no ha resultado acreditado que ninguno de los acusados llevara a cabo la conducta descrita en los escritos de acusación, ni en el caso de las posibles torturas ni tampoco en las lesiones que se hacen constar respecto del perjudicado». En cuando a la falsedad documental que denunció la acusación particular, al entender que se amañó el atestado para ocultar estas conductas delictivas que el tribunal desestima, la Audiencia señala que ese atestado «no ha sido modificado o alterado a los fines que señala la acusación particular».

Críticas


La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Elche sirvió también para desatar las críticas del letrado de uno de los acusados contra la juez instructora del caso. El abogado José Pedro González Rubio señaló que «en esta sentencia se declara la absoluta vulneración de derechos fundamentales de los acusados durante la instrucción de esta causa por parte de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja en el momento de los hechos, cuando impidió el derecho de contradicción y la intervención de las defensas en la práctica de diligencias importantes en la instrucción, arrogándose además el conocimiento de la causa en detrimento del juez determinado por la ley que debería haberse hecho cargo de la investigación». El letrado añadió que «dichas vulneraciones son tan graves que han ocasionado graves perjuicios objetivos a los acusados, entre otros, la paralización de sus carreras profesionales y la imposibilidad de promocionar, además de la pena de banquillo y el perjuicio psicológico de 10 años encausados sin motivo».
González Rubio recalcó que se trata de la misma magistrada que «también fue objeto de una severa crítica judicial en la sentencia dictada el pasado 
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