martes, 11 de junio de 2019

El Congreso reclama los informes sobre la equiparación salarial que Interior oculta

La Cámara Baja admite a trámite la petición de Vox, que irá al Constitucional si el Gobierno no aporta los trabajos elaborados por Ernst&Young / Grande-Marlaska ha eludido hasta ahora revelar el contenido de los informes a policías y guardias civiles

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones, el pasado 7 de junio en Luxemburgo.



El Congreso de los Diputados ha requerido al Gobierno todos los informes que le ha entregado la consultora Ernst&Young Abogados en materia de equiparación salarial y que el Ministerio del Interior oculta desde hace meses a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene ahora un mes para entregar la documentación a los parlamentarios o justificar de forma fundada por qué no la aporta.
El requerimiento se produce después de que la Mesa del Congreso haya admitido la petición de información formalizada por Vox el pasado 31 de mayo. La formación que lidera Santiago Abascal reclama las notas de trabajo, los informes provisionales y la versión final entregados por la consultora durante la ejecución del encargo y cuyo contenido Interior se niega a desvelar.
Ese trabajo es vital para determinar si los 807 millones de euros consignados para el trienio 2018-2020 son suficientes o por el contrario es necesario consignar una partida adicional para que la equiparación del sueldo de los policías y guardias civiles con el de los Mossos d’Esquadra es total, como se comprometió Interior cuando -en la etapa de Juan Ignacio Zoido- firmó el acuerdo en marzo de 2018.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil no han logrado hasta ahora que el Ministerio del Interior -ni en las reuniones de los órganos de representación de ambos Cuerpos ni a través del Portal de Transparencia- les informe sobre las conclusiones a las que ha llegado la consultora. Ésta también se ha negado a entregar copia de su trabajo y remite a la Secretaría de Estado de Seguridad, el departamento que formalizó el encargo. El Gobierno se escuda en que ha devuelto el informe final por no cumplir el pliego de condiciones que reguló el concurso, lo que le llevó a darle un nuevo plazo de 45 días hábiles que ha expirado a principios de junio.
La Cámara Baja admite a trámite la petición de Vox, que recurrirá al Constitucional si el Gobierno no aporta los informes de la auditora
Vox abre así una nueva vía al requerirlo en vía parlamentaria. El partido ha tramitado la petición a través del artículo 7 del Reglamento del Congreso, que consagra la facultad de los diputados a “recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”.
Fuentes de Vox han indicado a El Independiente que ya tienen la confirmación de que la secretaría general del Congreso ha enviado el requerimiento de documentación al Ministerio del Interior, empezando así a correr el plazo -éste expirará el 16 de septiembre- para entregar la documentación reclamada o justificar la denegación de la misma.
En este sentido, las fuentes han indicado que, en caso de que el Gobierno rechace entregar los informes solicitados, Vox recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitución al considerar que se vulnera un “derecho esencial” para ejercer su función de control parlamentario. El partido también estudia solicitar la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska -ministro del Interior en funciones- para que “rinda cuentas” sobre las conclusiones de la consultora cuando reciban la documentación.
A la espera de que Interior aporte o deniegue la documentación, un juzgado de Madrid instruye un procedimiento penal para aclarar si altos cargos de Interior ejercieron “presiones” sobre los consultores de Ernst&Young para que las conclusiones de su informe se acomodaran a los 807 millones ya comprometidos.
Se trata de la denuncia que interpuso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 3 de abril y que el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid ha admitido a trámite al apreciar indicios de “infracción penal” en los hechos denunciados por esta organización. La juez ha requerido tanto a la consultora como a Interior que le entregue copia de todos los informes relacionados con la equiparación salarial.

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