miércoles, 31 de julio de 2019

La auditora de la equiparación aboga por revisar el plus que se paga en el País Vasco

Ernst&Young sugiere en su informe que el pago de un complemento de territorialidad de mayor cuantía a los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña ayudaría a solventar la falta de demanda para servir en esta comunidad

La actual cúpula del Ministerio del Interior, en un acto de la Policía Nacional.


La auditora externa contratada por el Ministerio del Interior para estudiar la equiparación de las nóminas de los policías nacionales y guardias civiles con las de los mossos aboga en uno de sus informes por la “revisión” del denominado ‘complemento de zona conflictiva’ que se abona a los agentes destinados en el País Vasco y Navarra, dado el “significativo cambio” que se ha producido en estas comunidades tras la disolución de ETA.
En paralelo, Ernst&Young Abogados sugiere que este incentivo económico podría ayudar a acabar con el problema de la falta de demanda para ocupar plazas en Cataluña debido a la situación sociopolítica que vive esta comunidad por la presión independentista, lo que motiva que se produzca una desbandada cada vez que la Dirección General de la Policía convoca un concurso general de méritos y que no se cubran las vacantes que se ofertan.
La consultora no pasa por alto la nueva situación del País Vasco y el problema político en Cataluña en el trabajo entregado el pasado mes de febrero a la Secretaría de Estado de Seguridad, que lo devolvió al considerar que el documento no cumplía el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso. La consultora ya ha entregado una nueva versión tras el plazo adicional de 45 días hábiles que recibió para subsanar las “deficiencias” y cuyo contenido conocen ya los sindicatos de Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil firmantes del acuerdo para la equiparación retributiva.
En el capítulo de ‘medidas de eficiencia’, la auditora califica de “relevante” la revisión de la retribución complementaria de carácter especial que perciben los funcionarios de ambos Cuerpos en el País Vasco y Navarra en atención a la peligrosidad de sus puestos de trabajo. Ernst&Young deja claro que valorar la penosidad de los puestos de trabajo en ambas comunidades queda fuera del perímetro de la encomienda que le hizo Interior, pero desliza la conveniencia de revisar ese plus tras el trabajo de campo realizado y las reuniones mantenidas por sus técnicos con policías y guardias civiles.
Ernst&Young sugiere que, si se pagara más por territorialidad en Cataluña, habría más demanda para servir en dicha comunidad
Según las retribuciones vigentes en el Cuerpo Nacional de Policía, los agentes destinados en el País Vasco y Navarro cobran un complemento de territorialidad de 678,61 euros al mes, cifra ligeramente inferior a la que perciben los guardias civiles que sirven en estas comunidades: 680,32 euros. Este concepto eleva de forma sustancial las retribuciones de dichas plantillas.
“Se considera relevante la revisión de la retribución complementaria de carácter especial a percibir por el personal que desempeñe un puesto de trabajo con características singulares de peligrosidad o penosidad especial y, en particular, el que se percibe por zona conflictiva”, propone la auditora.
El conocido como ‘complemento de zona conflictiva’ lo aprobó el Consejo de Ministros en su sesión del 29 de agosto de 1980 para compensar el mayor riesgo al que se enfrentaban los policías nacionales y los guardias civiles destinados en Euskadi y Navarra como consecuencia de la actividad terrorista de ETA. Cuando el gabinete presidido por Adolfo Suárez adoptó dicha medida, la banda había asesinado a 56 personas durante los ocho primeros meses de dicho año.

Etapa de Felipe González

Ese concepto especial se consolidó en el decreto ley  de retribuciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad promulgado en julio de 1984, durante el primer Gobierno de Felipe González. Los agentes con plaza en unidades, centros o destinos del País Vasco y Navarra tendrían derecho a percibir dicho incentivo debido a la peligrosidad o penosidad de su trabajo.
A partir de 2012, este complemento se extendió también a los agentes que patrullan en los territorios burgaleses del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le diera la razón a un guardia civil de Tráfico destinado en Miranda de Ebro que prestaba servicio “de forma esporádica en Treviño”. “Aunque administrativamente dependa de la provincia de Burgos, lo cierto es que geográficamente se encuentra enclavado dentro de los límites de Álava y, lo que es más importante, por su ubicación geográfica comparten de hecho las mismas vicisitudes profesionales”, sentenció el TSJ de dicha comunidad.
En su informe, Ernst&Young detalla que, en el curso de las reuniones para la elaboración del informe encargado por Interior, se ha puesto de manifiesto la “especial particularidad” que para las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado supone trabajar actualmente en Cataluña “por factores políticos y sociales”, circunstancia que provoca que sea uno de los destinos “menos demandados” tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil.
Sin decirlo de forma expresa, la auditora da a entender que la aplicación de un incentivo económico podría servir de solución para cubrir las plantillas en la comunidad catalana y que deje de ser un destino de paso al que sólo acuden los agentes que se incorporan al servicio y no reúnen puntos aún para poder elegir.

Desbandada en Cataluña

Como botón de muestra, en el último concurso general de méritos convocado por la Dirección General de la Policía, 524 policías nacionales que servían en Cataluña (362 policías, 104 oficiales y 58 subinspectores) pidieron vacantes ofertadas en otras comunidades, mientras que tan sólo se cubrieron 26 de las 276 plazas ofertadas en las cuatro provincias catalanas.
El aumento del complemento de territorialidad para los agentes destinados en Cataluña es una antigua reivindicación de los sindicatos policiales, reactivada tras el desafío independentista con motivo del referéndum del 1-O. En concreto, un agente percibe por este plus en dicha comunidad 53 euros al mes, menos de un tercio de lo que un policía cobra en Madrid por dicho concepto: 184 euros mensuales.
El complemento de ‘territorialidad’ que abona la Dirección General de la Policía a los funcionarios destinados en la capital catalana apenas ha sufrido variación desde hace al menos 12 años, mientras sí se le ha incrementado de manera notable a los que sirven en la ciudad de Madrid: de 45,49 euros en 2007 se ha pasado a 184,14 euros en 2019.
La consultora corrige a Interior sobre el reparto entre Cuerpos: 59% para la Guardia Civil, 41% para la Policía
La auditora externa que ha elaborado el informe de la equiparación salarial corrige el criterio aplicado por el Ministerio del Interior para pagar el segundo tramo y defiende que la Guardia Civil reciba el 59 % del montante comprometido y la Policía Nacional, el 41 % restante. El acuerdo prevé un último pago el próximo año de 247 millones de euros, de los que 145,7 millones se repartirían entre los funcionarios del Instituto Armado.
Ese fue el porcentaje que se siguió cuando se abonó a finales de 2018 el primer tramo. Sin embargo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska modificó el criterio y en 2019 la distribución ha sido del 57,28 % del dinero (143,2 millones de euros) para los guardias civiles y del 42,72 % (106,8 millones) para los agentes del Cuerpo Nacional, lo que generó un notable malestar en el Instituto Armado por la detracción de unos 4,32 millones.
Ernst&Young, igualmente, defiende en su trabajo que el abono no debe hacerse de forma lineal -como hasta ahora- sino “respetando las diferencias cuantitativas” detectadas en cada puesto en relación con los Mossos, de modo que habría categorías y empleos en los que no habría que aplicar ninguna corrección. Las cantidades más elevadas serían los 956,65 euros mensuales que le corresponderían a un comisario principal nivel 28 de la Policía Nacional y los 771,18 euros de un cabo 4/cabo mayor de la Guardia Civil.
El pasado mes de marzo, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) abandonó la unidad de acción con el resto de organizaciones firmantes del acuerdo de equiparación retributiva al ser el único que, en la comisión de seguimiento, defendió la proporcionalidad de las retribuciones.

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