miércoles, 31 de julio de 2019

Marlaska no logra apagar el conflicto laboral en la Policía y la Guardia Civil

Fernando Grande-Marlaska y su número 2, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se enfrentan a un conflicto laboral de gran envergadura en la Policía y en la Guardia Civil
El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.


Melchor Sáiz-Pardo
Los responsables del Ministerio del Interior, en funciones y con las manos atadas por la falta de presupuesto, no han logrado convencer a los agentes que la mejora de 807 millones de euros en tres años (2018-2020) que arrancaron en marzo de 2018 al entonces ministro popular Juan Ignacio Zoido es todo lo que podrán sacar de la Administración y que no hay margen para la negociación.
El problema al que se enfrentan Marlaska y los suyos tiene varias variables. La primera es que aquel acuerdo cerrado hace casi un año y medio ha sido superado por los acontecimientos y los actores son otros. En primavera del pasado año cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, Asesgc, Aprogc y APC) estamparon, junto a la firma de Zoido, su rúbrica en el acuerdo con el que el Gobierno popular 'recompensaba' en cierta forma el esfuerzo y las malas condiciones que los agentes de ambos cuerpos durante la operación 'Copernico-Avispa' contra el procés en otoño de 2017..
En aquel acuerdo no estaba la firma del que hoy es el más combativo y radical colectivo en ambos cuerpos (Jusapol, acrónimo de Justicia Salaria Policial), que nació precisamente con el único objetivo delograr la equiparación (que no mejora) con la policía autonómica catalana, con la que las fuerzas de seguridad del Estado se sintieron especialmente agravadas durante el procés por su supuesta inacción
Aquel Jusapol supo canalizar el hastío de los agentes con los sindicatos tradicionales de las Policía hasta el punto de que literalmente arrasó hace un mes en las elecciones del cuerpo, en donde su filial en el CNP, Jupol, pasó de no tener representación a conseguir 8 de los 14 vocales del Consejo de la Policía. Jucil, la franquicia en la Guardia Civil, todavía no ha tenido opción de batirse en unas elecciones.

Arrinconada

Pero a pesar del indiscutible peso y representación obtenido por Jupol, lo cierto es que el Ministerio del Interior ha decidido arrinconar a esta organización en las reuniones de supervisión del acuerdo, ya este colectivo no tenía representación cuando se firmó el pacto. De hecho este lunes, Interior no invitó a la mayoritaria Jupol a la reunión en la que entregó a los sindicatos y organizaciones el documento de seguimiento de las subidas de sueldo realizado por la consultoría Ernst and Young Abogados.
Jusapol hizo demostración de fuerza por el arrinconamiento al que le somete Interior con un escrache el lunes a la secretaria de Estado antes de la reunión. Y de paso, el colectivo mayoritario anunció que se plantea la declaración del conflicto colectivo al Ministerio del Interior porque considera insuficiente los 807 millones de aumento, ya que ellos siguen manteniendo que la equiparación real con los Mossos pasa por el desembolso de 1.500 millones.
El descalabro en las elecciones sindicales de la Policía y el tsunami de Jupol en esos comicios, en cierta forma ha arrastrado a los sindicatos tradicionales a posturas más radicales. Este lunes, incluso evitaron bendecir la cifra de los 807 millones que ellos mismos habían pactado.

¿Presiones?

A toda esta situación de por sí explosiva se unen las sospechas de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska podría haber presionado para que la consultoría externa hubiera dado por buena la cifra de 807 millones para conseguir la equiparación con los Mossos.
Lo cierto es que en febrero, Ernst and Young Abogados emitió un informe, que Interior obligó a rehacer con el argumento de que no se ajustaba al pliego de condiciones, en el que aseguraba textualmente: «En nuestra opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva». La secretaría de Estado dio 45 días hábiles a la empresa para rehacer el trabajo y ahora, con retraso, las conclusiones del informe presentado el lunes a los colectivos y sindicatos de las fuerzas de seguridad del Estado son justo las contrarias que en febrero.
La polémica está servida: sobre la mesa están ya todos los ingredientes para un conflicto laboral de calado, al que hay que sumar a un Gobierno en funciones con las manos atadas financieramente y que además debe lidiar con otros funcionarios que consideran un agravio comparativo el 'subidón' a policías y guardias civiles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Archivo del blog

COMENTARIOS

LO MAS VISTO

Categorias