jueves, 11 de julio de 2019

Piden 9 meses de cárcel a un mando de la Guardia Civil por violencia de género

El guardia civil fue detenido a finales de junio por la Policía Nacional. Sigue en activo, aunque se le ha impuesto una orden de alejamiento de 75 metros respecto a su pareja


Un teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón se enfrenta a la petición de 9 meses de prisión por parte de la Fiscalía por un presunto delito de violencia de género. El oficial fue detenido el pasado 29 de junio por agentes del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) como consecuencia de la denuncia por malos tratos presentada por su pareja.
Tras su detención, que tuvo lugar en la localidad valenciana de Sagunto, a cargo de la Policía Nacional, le fue retirada el arma como medida cautelar, aunque no ha sido apartado del servicio que viene prestando en la Benemérita de la provincia de Castellón, según ha podido saber EL MUNDO.
Por el momento, el presunto agresor está disfrutando de sus vacaciones de verano mientras espera el juicio sobre la denuncia por presunta agresión machista.
Otra de las medidas preventivas dictadas a la espera de fallo judicial es la orden de alejamiento de 75 metros respecto a la víctima, que cuenta con un parte de lesiones emitido por el centro sanitario donde fue asistida tras la presunta agresión de la que acusa al guardia civil.
Según ha podido saber este rotativo, la víctima también aportará en la vista que se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Castellón pruebas de los daños ocasionados en la vivienda que compartían la pareja, así como testimonios de varios conocidos o familiares, a petición de la mujer.
Al parecer, la agresión fue el detonante de la denuncia y de que la mujer decidiera dejar la vivienda común y trasladarse a otro domicilio. Según han relatado a este diario fuentes conocedoras del caso, la víctima había venido sufriendo supuestos malos tratos psicológicos como el bloqueo del correo o la desconexión de telefonía y de internet.
La distancia de apenas 75 metros que debe guardar el supuesto agresor de la denunciante coincide con las aplicadas en algunas sentencias judiciales para no impedir la actividad laboral del acusado o por trabajar el acusado en las inmediaciones del domicilio de la víctima.

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