viernes, 2 de agosto de 2019

Propuesta a Interior: pagar un plus a los guardias civiles con destino en la ‘España vacía’

La auditora de la equiparación salarial cree que la continuidad de casas-cuartel en núcleos rurales es de "especial relevancia" para evitar la "regresión demográfica" / La FEMP también aboga por incentivar a los empleados públicos para fijar población

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en un acto oficial de la Guardia Civil.



El ministro del Interior tiene sobre su mesa una propuesta para solucionar la cobertura de plazas en cuarteles de la Guardia Civil de pueblos pequeños donde ningún agente quiere ir destinado de forma voluntaria y contribuir de paso a frenar el avance de la ‘España vacía’: un incentivo económico por territorialidad.
Ésta es una de las medidas de eficiencia que plantea en su informe la consultora externa (Ernst&Young Abogados) a la que el departamento que dirige Grande-Marlaska encargó el análisis de las retribuciones y tareas de policías nacionales, guardias civiles y mossos para que la equiparación salarial fuera “total y absoluta”. Por imposición ministerial, el trabajo se ha limitado en la práctica a establecer el reparto de los 807 millones de euros comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2018.
En las reuniones mantenidas durante el trabajo de campo previo a la redacción del informe, la auditora ha constatado que hay puestos en el catálogo de la Guardia Civil “difíciles de cubrir de manera voluntaria” y en los que existe “una alta rotación del personal operativo”. Son plazas ubicadas en pequeñas localidades sin atractivo para los agentes por falta de proximidad o carencia de servicios públicos.
Medida de eficiencia sugerida por la auditora de la equiparación salarial para solucionar la cobertura de plazas en el mundo rural.
Medida de eficiencia sugerida por la auditora de la equiparación salarial para solucionar la cobertura de plazas en el mundo rural. 
Ernst&Young llama la atención sobre el hecho de que son puestos “de especial relevancia”, entre otros motivos porque la continuidad de estos acuartelamientos “ayuda a evitar la regresión demográfica nacional y la despoblación rural”.
En línea con una de las medidas detalladas en el documento de acción elaborado hace dos años por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para luchar contra la pérdida de población en el medio rural, la auditora considera que el establecimiento de un complemento por “territorialidad inversa” supondría un atractivo económico “para compensar los destinos en territorios despoblados”.
La consultora de la equiparación cree que la presencia de la Guardia Civil en núcleos rurales es de “especial relevancia” para evitar la “regresión demográfica”
En abril de 2017, cuando la ‘España vaciada’ empezaba a revelarse ya como problema de Estado, la FEMP identificó un conjunto de 79 medidas cuya puesta en práctica ayudaría a frenar la pérdida de población en los núcleos rurales. En concreto, la número 21 establece: “Evaluar y, en su caso, promover la creación de incentivos económicos y de carrera profesional para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio”.
De acuerdo con los datos recopilados por esta asociación de entidades locales en el informe Población y Despoblación en España 2016, la mitad de los municipios españoles se encuentra en riesgo de extinción y el 80 % de las localidades de 14 provincias no superan los mil habitantes. Hay otro dato no mucho más halagüeño: 1.286 pueblos tienen menos de 100 habitantes, 358 más que a principios del siglo XXI.

Fijar población

Con este trasfondo, la consultora que se ha encargado de comparar las retribuciones y los puestos de trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos propone el pago de una gratificación económica -no especifica cuantía alguna- como forma de posibilitar que muchos agentes demanden destinos en municipios despoblados y con ello se contribuya a fijar población en el medio rural.
No sería el primer concepto retributivo extraordinario que se instauraría en el Cuerpo. En agosto de 1980, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó la creación de un complemento por ‘zona conflictiva’ para incentivar la presencia de guardias civiles y policías nacionales en el País Vasco y Navarra cuando la banda terrorista ETA llevaba a cabo su actividad sanguinaria, dado el mayor riesgo al que se enfrentaban los funcionarios en dichas comunidades.
La FEMP también defiende incentivos económicos para los empleados públicos que fijen su residencia habitual en zonas rurales
“En el momento actual, en el que una cantidad considerable de municipios comienzan a carecer de servicios públicos de primera necesidad (sanidad, educación, cultura, deporte, acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación…), el cuartel de la Guardia Civil -con su comandante de puesto a la cabeza- se configura como un elemento de vital importancia a la hora de frenar el avance hacia esa ‘España vaciada’, que se hizo visible en la manifestación del pasado 31 de marzo en Madrid“, defiende el vicepresidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), Ángel Ramírez.
Esta asociación profesional aboga por el mantenimiento del actual despliegue del Cuerpo, sustanciado en 1.681 puestos ordinarios (con una dotación de entre siete y 15 efectivos y mandado por un suboficial), 219 principales (con 32 agentes como mínimo y correspondiendo el mando a un oficial) y 67 auxiliares (integrado por tres guardias civiles y dependiendo orgánica y funcionalmente de un puesto ordinario o principal).
“No queremos perder de vista la asistencia y cercanía al servicio al ciudadano propias de la Guardia Civil desde su fundación, toda vez que ello hace que se configure como un elemento vertebrador y centralizador del Estado. En muchos municipios somos la única presencia de la Administración central”, razona Ramírez. Y añade: “Los ciudadanos se acercan a nuestros acuartelamientos no sólo para interponer denuncias o para realizar actos relacionados con la seguridad pública, sino también para obtener información variada sobre acciones o procedimientos concernientes a las distintas administraciones públicas, ya sean del ámbito local, autonómico o estatal e incluso del ámbito privado”.

“Sensación de seguridad subjetiva”

Esta asociación recuerda la “férrea resistencia” que han mostrado alcaldes cada vez que se ha planteado la posibilidad de cerrar una casa-cuartel y destaca que el “contacto estrecho con la población” de los agentes y el conocimiento que tienen éstos de la demarcación territorial generan una “sensación de seguridad subjetiva difícilmente superable”.
Por todo ello, la ASESGC defiende la necesidad de un “Pacto de Estado” que se sustancie en un firme compromiso presupuestario, a fin de que pueda incrementarse al máximo la oferta de plazas para acceder al Cuerpo para que se refuercen las plantillas. Éstas están diezmadas por las restricciones presupuestarias aplicadas durante la crisis económica y la falta de cobertura de las bajas que se iban produciendo.
El ciudadano se acerca al cuartel no sólo para interponer denuncias; también para obtener información variada”, recuerda la ASESGC
La Guardia Civil cuenta con 1.996 casas-cuartel, según el listado facilitado por la Secretaría de Estado de Seguridad en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia. Una decena son centenarias, más de 120 superan ya los 75 años de antigüedad y otras 670 -casi un tercio del total- llevan en pie desde hace más de medio siglo.
Junto al incremento de personal, la principal reivindicación de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil desde hace años es la mejora de las infraestructuras por falta de inversiones debido a la indisponibilidad presupuestaria. El Ministerio del Interior no ha dado a conocer qué actuaciones concretas se llevarán a cabo.
El pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un plan que destinará 550 millones de euros a paliar el “deterioro” que sufren los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional. Grande-Marlaska, actual ministro del Interior en funciones, reconoció entonces que 52 % de los acuartelamientos del Instituto Armado se encuentra en un estado de conservación “no adecuado”.

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