viernes, 27 de septiembre de 2019

"Ni en Euskadi en el peor momento el Gobierno vasco atacó a la Guardia Civil"

El malestar en el cuerpo de la Guardia Civil es enorme. La percepción es que el trabajo que realizan sus agentes en Cataluña, bien valorado por los otros cuerpos de seguridad, queda en saco roto cuando se pronuncian los dirigentes de los partidos independentistas. 

Quim Torra durante su intervención en el debate de política general en el Parlament / EFE

Y que ese desprecio no podía llegar más lejos que con una resolución en el Parlament, votada este jueves, que pide “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil”. ¿Qué supone, más allá de que es un pronunciamiento puramente político? “Ni en el País Vasco en el peor momento el Gobierno vasco atacó así a la Guardia Civil con un pronunciamiento de esas características”; señala David Hernández, presidente de Politeia, una asociación que agrupa a agentes de los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía local y efectivos de la Policía Portuaria.
El cuerpo de la Guardia Civil, que dirige Félix Azón en toda España, y el general Pedro Garrido en Cataluña, como jefe de la VII Zona, vive una situación complicada en un territorio que puede sufrir, de nuevo, una convulsión en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes independentistas catalanes en prisión por el procés. Fuentes del cuerpo señalan que “aunque la cooperación es buena, con el resto de cuerpos de seguridad, con actuaciones bien coordinadas, el independentismo sigue señalando a los agentes”.

Investigación judicial

La resolución en el Parlament la considera David Hernández “una vergüenza” porque, a su juicio, rompe “la separación de poderes”. Es decir, si todo se debe a la operación acometida contra miembros de los CDR, que el juez ha enviado a prisión, tras una larga investigación, “¿qué pasaría entonces con operaciones que realicen los Mossos d’Esquadra u otros cuerpos?” Hernández considera que el independentismo no puede cargar contra la Guardia Civil cuando “se trata de una investigación judicial, porque hacerlo significa que prima la ideología de unos políticos que deberían respetar esas actuaciones que dicta un juez”.
La resolución en el Parlament la habían impulsado Junts per Catalunya y ERC. La CUP se sumó a la propuesta, mientras que Catalunya en Comú-Podem se abstuvo. Y Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. Eso significa que la Guardia Civil es objeto de la división entre el bloque independentista y el no independentista, con la posición ambigüa, como ha ocurrido en todo el proceso soberanista, del espacio de los Comuns.

Despliegue por parte del Estado

El Ministerio de Interior mantuvo, tras conocer esa resolución, un silencio prudencial. También la Delegación del Gobierno en Cataluña, aunque pudo comprobar cómo el Govern de Quim Torra se guarda las espaldas. Fue el departamento de Interior de la Generalitat el que anuló una reunión de coordinación de los distintos cuerpos de seguridad para que no se pudiera comprobar que está en misa y repicando. Los consejeros del Govern intentan mantener una imagen de gobierno, pero los parlamentarios que le dan apoyo en el Parlament, exconvergentes, independientes que obedecen a Puigdemont y republicanos, toman decisiones como la de este jueves. A última hora de la noche de este jueves, el Gobierno señalaba que impugnaría las decisiones tomadas en el Parlament, y que podrían llegar este mismo viernes en el consejo de ministros.
El malestar de la Guardia Civil se ha incrementado con esa votación, aunque no tendrá efectos prácticos. Hernández recuerda que la competencia del despliegue de los agentes es del Gobierno central. El Estado cuenta en Cataluña con 3.549 agentes, de ellos 1.960 en Barcelona; 602 en Tarragona; 556 en Girona y 431 en Lleida. Pero hace tres años contaba con 3.216. Y es que se aumentó la plantilla en 333 agentes en ese tiempo, al considerar que es más necesario su trabajo.

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