jueves, 26 de septiembre de 2019

Prisión para los CDR que defendía Torra

El juez ve indicios de delito y hace caso de la fiscalía


Prisión para los CDR que defendía Torra



El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a prisión a los siete miembros de los CDR detenidos por un presunto delito de terrorismo, tal como pidió la fiscalía. El juez considera que hay "indicios de que los siete arrestados forman parte de una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía".
El Ministerio Público les imputa delitos de "tenencia de explosivos", "conspiración para el delito de estragos" y "integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con el fin de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". El delito de rebelión, por otro lado, ha decaído de las acusaciones de fiscalía.
Los detenidos fueron arrestados este lunes, junto a dos personas que quedaron posteriormente en libertad, después de pasar por la comandancia de la Guardia Civil de Travessera de Gracia, en Barcelona.
Torra salió en defensa de los CDR durante el debate de política general de este miércoles y manifestó que "no voy a permitir que se quiera asociar un movimiento radicalmente democrático como el independentismo con el terrorismo, no lo permitiré nunca". "Estamos hartos de amenazas y que se entre en las casas de los catalanes de madrugada". Torra también tildó los CDR de "ciudadanos comprometidos con su sociedad" en la misiva que envió a Pedro Sánchez pidiéndole explicaciones por las detenciones.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, envió una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidiéndole "explicaciones" por la operación policial que terminó con nueve miembros de los CDR detenidos acusados de terrorismo, tenencia de explosivos y rebelión.
Torra, en la misiva, consideró que la operación policial "se saltaba todos los principios de presunción de inocencia" y le transmitió su "indignación" por la "utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política" contra "ciudadanos comprometidos con su sociedad".

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