viernes, 8 de noviembre de 2019

El principal sindicato de Policía JUPOL exige a Moncloa bloquear la ley vasca que les acusa de torturas

El principal sindicato de Policía Nacional, JUPOL, ha puesto en el grito en el cielo por el inicio en el País Vasco del proceso de linchamiento público contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por supuestas torturas en esta Comunidad Autónoma.
jupol



Desde la mesa de trabajo integrada por Jusapol, JUPOL y Jucil exigen la paralización inmediata de la aplicación de la Ley Vasca de Abusos Policiales y de su homóloga ley en Navarra. Piden al actual y al futuro “Gobierno de la Nación que resulte de las próximas elecciones generales, la adopción de las medidas necesarias para la paralización real y efectiva de la aplicación de ambas leyes autonómicas, permitiendo al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la corrección constitucional de las mismas, de forma que se ponga fin a una historia que nunca debió ser, y cuya razón de ser no responde a criterios exclusivamente jurídicos, sino más bien a consideraciones de oportunidad política”.
El PNV comanda esa norma y el Gobierno que la ha impulsado y, además, pretende recabar hasta 500 casos de supuestas torturas policiales, principalmente en la época de los mayores asesinatos y atrocidades de ETA, con el fin de reescribir la historia. Alrededor de 500 casos, además, a través de los cuales se señalará sin garantías judiciales a los policías, supuestamente torturadores, y se certificará oficial y administrativamente al supuesto torturado como un agredido por el sistema policial central.
El sindicato JUPOL no está dispuesto a este linchamiento porque, argumenta, carece por completo de las más mínimas garantías judiciales. De hecho, se realiza al margen de la Justicia y, además, sin dar ni siquiera voz a los agentes señalados como torturadores.
Esta ley vasca contra los supuestos abusos policiales impulsada por el PNV con el pacto del PSOE va a convertirse, de este modo y en breve, en un mecanismo de linchamiento generalizado a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada a lo largo de años al País Vasco.
Un nuevo decreto, además, que será aprobado por los nacionalistas en breve recoge, como ha publicado OKDIARIO, el funcionamiento práctico de la norma. Una mecánica en la que una Comisión de Valoración de marcado carácter nacionalista podrá considerar torturadores a policías y víctimas a los denunciantes sin llegar a dar voz a los agentes afectados por los expedientes.
La normativa impulsada por el PNV ya está en marcha gracias a la acción de la formación socialista, ya que ésta retiró el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de los nacionalistas vascos interpuesto en su momento por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Y lo hizo, además, tras pactar apoyos políticos cruzados entre el PNV y el PSOE de Pedro Sánchez.
La Comisión de Valoración
Sin embargo, ahora llega el decreto de funcionamiento que define las competencias reales de una determinada entidad clave en este proceso de acusación extrajudicial contra los policías y guardias en el País Vasco: la Comisión de Valoración.
“Tal y como se desprende de la documentación a la que se ha tenido acceso durante el trabajo desarrollado por la mesa de trabajo de JUPOL y Jucil, la decisión del Consejo de Ministros de instar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Vasca de Abusos Policiales no está amparada ni fundamentada en informe jurídico alguno, no habiéndose pronunciado al respecto ni el Consejo de Estado, ni la Abogacía del Estado, ni los Ministerios ni Servicios que se pronunciaron con contundencia durante la fase de fundamentación jurídica de la decisión de presentación del recurso de inconstitucionalidad”, destaca JUPOL.
“Las negociaciones mantenidas durante meses entre el Gobierno de Pedro Sánchez resultante de la moción de censura y el Gobierno Vasco, secreto a voces, giraban especialmente en torno a la posibilidad de levantar el veto constitucional a una iniciativa legislativa compartida en el País Vasco por el PNV y el propio PSOE", explica JUPOL.
"Y todo ello", destaca además el sindicato policial, "a pesar de las reivindicaciones y voces críticas de asociaciones de víctimas del terrorismo, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que reivindicaban impedir la aplicación de una ley, que no sólo ahonda en la teoría del conflicto político y de los dos bandos en un relato legitimador de los cincuenta años de terrorismo de ETA, sino que, además, lo hace invadiendo competencias de carácter estatal y vulnerando derechos fundamentales de miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento judicial contradictorio y garantista, y el derecho al honor", destaca también el sindicato JUPOL.
Han advertido, además, que "desde la mesa de trabajo de JUPOL y Jucil se seguirá trabajando con constancia y seriedad por presentar aquellas iniciativas y medidas necesarias para conseguir el objetivo final de impedir la aplicación de leyes que impliquen el cuestionamiento de la dignidad y el honor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la vulneración de los derechos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española”, concluye el sindicato policial mayoritario.

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