jueves, 21 de noviembre de 2019

El PSOE paga el primer peaje en Cataluña y Navarra con iniciativas contra la Policía

Los socialistas parece que han comenzado a pagar el peaje para intentar que el secesionismo catalán y vasco apoye o permita la investidura de Pedro Sánchez. 




Si la semana pasada el PSC se sumó en el Parlamento de Cataluña a una iniciativa según la cual los Mossos d’Esquadra no deben colaborar con la Policía en materia de seguridad ciudadana si este Cuerpo utiliza pelotas de goma, esta semana ha apoyado otra en el Ayuntamiento de Barcelona para que la Jefatura Superior de Cataluña abandone su sede de Vía Laietana para convertirla «en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista». Conviene recordar que esas dependencias policiales han sido objetivo preferente de los CDR en las algaradas sin precedentes ocurridas en las últimas semanas en la Ciudad Condal.
Pero además los socialistas, en este caso en Navarra, donde gobiernan con el permiso de Bildu, se han sumado a otra moción del Parlamento foral en la que se «manifiesta su voluntad para avanzar en el derecho a la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de motivación política como garantía de no repetición de ningún episodio de violencia».
En el «todas», claro, y en consonancia con el discurso de los proetarras, se equiparan a las de ETA y a las que habrían provocado las Fuerzas de Seguridad, cuando fueron éstas las que pagaron mayoritariamente con su sangre la barbarie terrorista. La frase se produce en el marco de una resolución con motivo del aniversario de la muerte de Mikel Arregi.
Como se ha señalado, en Barcelona, el PSC se ha alineado junto con las fuerzas independentistas y los comunes para reactivar el traslado de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, que actualmente se emplaza en Vía Layetana, en el corazón de la Ciudad Condal. La propuesta, de hecho, parte de una resolución que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 2017 a petición de ERC. La proposición no de ley, presentada entonces por Joan Tardà, exigía la conversión de las dependencias «en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña» y fue arropada por todas las formaciones excepto el PP.
La medida fue recuperada por el grupo municipal de ERC hace dos semanas, coincidiendo con el apogeo de las protestas tras conocerse la sentencia por el 1-O, que tuvieron como uno de sus epicentros precisamente la sede policial. Los republicanos reactivaron las demandas del traslado y llevaron anteayer a la comisión de seguridad municipal una proposición para presionar por el traslado.
La petición fue aprobada con votos de ERC, BComú y PSC. Los socialistas introdujeron, eso sí, un matiz en la resolución para dejar por escrito, en un intento de minimizar la polémica y su postura, que los efectivos policiales tienen que continuar desarrollando sus funciones en Barcelona, aunque desde otro espacio.
La votación ha alimentado la polémica. Ayer mismo fuentes del Ministerio del Interior dejaron claro que «no hay plan ni está previsto», mientras que desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentaron que especialmente que el PSC se sumara a una iniciativa que «humilla» a la Policía. En el otro extremo, una cincuentena de entidades, capitaneadas por Òmnium Cultural, echaron más leña al fuego presentando un manifiesto que urge a la reconversión de la Jefatura, para que pase a ser un espacio en el que se explique a la ciudadanía «las torturas y la barbarie» que practicó el franquismo dentro de ese edificio.

El SUP denuncia al PSOE

Esta, que promete ser una batalla sin final a corto plazo, no es la última controversia en la que se han visto los socialistas catalanes. Hace una semana, permitieron con su abstención la aprobación de una medida en el Parlamento catalán para que los Mossos d’Esquadra no colaboren en tareas de orden público con la Policía y la Guardia Civil si estos cuerpos emplean pelotas de goma.
Tras las iniciativas aprobadas en Cataluña y Navarra el SUP exigió al Gobierno «un pronunciamiento inequívoco y una defensa cerrada de los 65.000 policías nacionales, así como que deje claro, sin equidistancias, que no se va a ceder frente a las pretensiones de quienes buscan la salida de nuestro Cuerpo de Cataluña para disfrutar de la impunidad necesaria cuando cometan delitos. El PSOE tiene que practicar el respeto institucional y entender que su acercamiento a ERC o a Bildu no puede pasar por cuestionar el trabajo de la Policía Nacional cada vez que tiene una oportunidad. Reclamamos a esta formación que deje en paz a nuestra Corporación y sus profesionales».


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