jueves, 5 de diciembre de 2019

La Audiencia expulsa al Ayuntamiento de Barcelona de la acusación popular en el juicio contra las cargas del 1-O

La Audiencia de Barcelona ha expulsado este jueves al ayuntamiento de la capital catalana como acusación popular en el proceso judicial en el que se investigan las cargas de la Policía Nacional en los centros de votación del  referéndum unilateral del 1-O . 
Intervención de la Policía Nacional en la escuela Llull de Barcelona el 1-O.
J. G. Albalat
El tribunal de la Sección Tercera ha estimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, al que se adhirió la fiscalía.
El tribunal basa su resolución en un acuerdo que el pleno de la Audiencia de Barcelona aprobó por unanimidad el pasado mes de noviembre, en el que exige que las "personas jurídico públicas" (administración) que quieran ejercer la acusación popular en un caso deben contar con una "habilitación expresa" para el ejercicio de la acción penal. Es decir, debe dictarse una ley específica para ello, lo que el consistorio barcelonés no tiene.  
En declaraciones a los periodistas, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, ha asegurado que esta decisión "es una muy mala noticia para los más de 300 vecinos heridos el 1 de octubre”.

Discrepancias resueltas

La Audiencia de Barcelona convocó el 22 de noviembre un pleno no jurisdiccional para unificar sus criterios, dada la disparidad de criterios entre sus tribunales en casos en que debían dirimir si las administraciones pueden ejercer acciones penales por delitos en los que no estén directamente perjudicadas. A diferencia de otros países, la legislación española da amplio margen a la figura de la acusación popular, que permite que ejerza cualquier persona que invoque un quebrantamiento de la ley, sin necesidad de justificar su interés o demostrar haber resultado perjudicado.
En su acuerdo, la Audiencia resolvió que para que una "persona jurídico pública" pueda ejercer la acusación popular debe contar con "una habilitación expresa con rango de ley que delimite objetiva y subjetivamente al ejercicio de la acción penal". No basta para ello, añade el acuerdo, que se acepte "una mera conexión entre el delito y el ejercicio de competencias atribuidas al ente público". El juez que investiga las cargas policiales aceptó el 14 de febrero del 2018 la personación del Ayuntamiento de Barcelona. A su entender, la Carta Municipal de Barcelona recoge la posibilidad de que el consistorio ejerza la acusación popular, atendida la "maginitud de los hechos investigados y la repercusión mediática internacional de los mismos". 
En el auto dictado ahora por la Audiencia de 
En su resolución, la Audiencia de Barcelona acuerda limitar los derechos de la administraciones públicas a ejercer acciones penales en base a la doctrina constitucional en la materia, que establece, entre otras cuestiones, que la acusación popular no puede acordarse "por silencio de ley".
Según la doctrina que cita la sección tercera de la Audiencia en su auto, de los artículos 124 y 125 de la Constitución española se desprende que "un ente público territorial no puede ejercer la acción popular y que la acción pública penal solo corresponde al Ministerio Fiscal", a no ser que exista un precepto legal que la habilite para ello.

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