lunes, 3 de febrero de 2020

Fernando Grande-Marlaska incentiva permisos carcelarios en un guiño a Bildu

En el ámbito penitenciario lo consideran una medida política que está pensada para favorecer a los presos de ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), en...
FERNANDO LÁZARO


El Ministerio del Interior quiere más terceros grados. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, quiere incentivar entre sus directivos la aprobación de este beneficio penitenciario de forma expansiva. Por ello, ha dado traslado para que este tipo de concesiones, que proponen las juntas de tratamiento de las cárceles y que cuentan con el visto bueno de la dirección de los centros, reciban un trato especial cuando se reparta la productividad anual, de manera que se bareme a los centros que más calificaciones de tercer grado aprueben y se incluya en el reparto a los equipos directivos de los mismos.
En el ámbito penitenciario lo tienen claro. Se trata de aparentar criterios técnicos a decisiones que son de política de Gobierno. Así consta en la orden de servicio cursada a todos los directores de los centros bajo el título "Programa de productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros", firmada por Eugenio Arribas, subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias.
Con esta orden ministerial a nadie se le escapa el guiño del Gobierno a EH Bildu, que se abstuvo en la sesión de investidura de Pedro Sánchez facilitando así su nombramiento, en el marco de la dinámica penitenciaria emprendida por el Ejecutivo sobre los presos de la organización terrorista ETA, bien por la vía de los acercamientos o bien por la concesión de terceros grados.
Este nuevo paso que ha dado Interior, según las fuentes consultadas por este periódico, supone un espaldarazo más a esta dinámica y un estímulo -incluso económico- para que vaya en aumento.
Algunas fuentes, incluso, apuntan a que este nueva línea puede tener que ver con una llegada masiva de presos de ETA que están cumplimiento sus penas en cárceles francesas y que, si lo solicitan, podrían terminar de cumplir sus condenas en las prisiones españolas.
Desde el Ministerio del Interior, una portavoz oficial de Prisiones, restó importancia a esta directriz. Aseguró que está dentro de los planes anunciados por el secretario general de prisiones, que, entre otras iniciativas encaminadas a la reinserción, buscan un aumento en el porcentaje de concesión de terceros grados, situado actualmente en el 17%. Buscan equipararse a los países nórdicos, con cifras del 25%. Y recuerdan que, en cualquier caso, que la última palabra la tienen siempre los tribunales.  

EL MINISTERIO REIVINDICA "UN CULTURA ORGANIZATIVA"

"Es necesario introducir una cultura organizativa que potencie el cumplimiento de los objetivos y promueva el empleo de técnicas gerenciales de actuación. Por ello, se considera adecuado que el programa de productividad del personal directivo vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio quede sujeto a objetivos e indicadores de gestión de especial relevancia", arranca la instrucción de Prisiones.
En el orden de relevancia, el Ministerio de Interior fija el criterio del número de terceros grados como el tercero más relevante. El primero es la ejecución penal, reinserción social y muertes por suicidio. El segundo, la implantación de programas específicos de tratamiento de carácter prioritario. Y ya el tercer baremo es el porcentaje de clasificaciones ejecutivas en tercer grado.
En el ámbito penitenciario, la instrucción ha caído como una bomba. Consideran que sería más relevante y más valorable que dentro de las cárceles haya menos drogas o se incauten elementos prohibidos en instalaciones penitenciaras, como móviles. Asimismo, consideran que se debería primar la reducción de la mortandad por efecto de sobredosis o un férreo control de las medicaciones.
Es la junta de tratamiento -director, subdirector, psicólogo, pedagogo, educador- la que apuesta por proponer las progresiones de grado. Y se hace desde un ámbito profesional. Entienden que ese incentivo económico puede modificar los criterios y más si a quien se incluye es al equipo directivo, esto es, cargos de confianza nombrados por el Ministerio del Interior.
Como recuerdan estos funcionarios, las decisiones sobre los grados y su mejora debe basarse en la ley penitenciaria y en su reglamento. Incorporar desde la Administración recompensas a los directivos, insisten, distorsiona. Es mercantilizar la ejecución penal y, sobre todo, aumentar el posible tono político sobre la dinámica penitenciaria sobre los presos de ETA.

MARLASKA SE QUEDA CON EL CONTROL PENITENCIARIO

Esto se produce cuando el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha modificado la estructura del ministerio para hacer depender directamente de él todo lo que se refiere al ámbito penitenciario. Hasta ahora Prisiones ha dependido de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ahora, directamente del Ministerio del Interior.
Hay quien interpreta que lo que trata el ministro es de tener todo el control y evitar que sean muchos los que conozcan los siguientes pasos fijados entre Interior y La Moncloa sobre la política de los presos de ETA. No en vano, Marlaska ha destituido también a Sonia Ramos, que estaba al frente de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del ministerio y que se había mostrado crítica con la sensibilidad de este departamento con las víctimas de ETA.
Recuerdan que el PNV ha pisado el acelerador en su reclamación de las competencias carcelarias. Como ocurre en Cataluña con los condenados por el procés, el control de los presos etarras estaría en manos nacionalistas.
Además, recuerdan que su socio de Gobierno, Podemos, se ha sumado siempre a la izquierda abertzale para reclamar el fin de la política de dispersión de los presos de ETA.
Desde el Ministerio del Interior, una portavoz oficial de Prisiones, restó importancia a esta directriz. Aseguró que está dentro de los planes anunciados por el secretario general de prisiones, que, entre otras iniciativas encaminadas a la reinserción, buscan un aumento en el porcentaje de concesión de terceros grados, situado actualmente en el 17%. Buscan equipararse a los países nórdicos, con cifras del 25%. Y recuerdan que, en cualquier caso, que la última palabra la tienen siempre los tribunales


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