viernes, 28 de febrero de 2020

Oriol Junqueras saldrá de la cárcel tras avalar ERC las cuentas de Pedro Sánchez

La cárcel de Lledoners aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario al ex vicepresidente y a Raül Romeva


GERMÁN GONZÁLEZ


Hace una semana, la Fiscalía denunciaba que la salida en semilibertad de los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo de las cárceles catalanas en las que cumplen condena se había «convertido en una generalidad» cuatro meses después de la sentencia. Hoy esta queja se hizo más evidente después de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners acordase aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al ex consejero Raül Romeva.
La noticia trajo una coincidencia añadida: se conoció horas después de que ERC diese vía libre, con sus abstención, a los Presupuestos de Pedro Sánchez.
Con la aplicación de este artículo, los dos podrán salir, a partir de cuando consideren, tres días a la semana durante seis horas cada día, para trabajar. De esta forma, Junqueras y Romeva saldrán a trabajar unas horas al día igual que lo hacen el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -que lo hace en su propia empresa además de ejercer voluntariado- y el ex consejero de Interior Joaquim Forn, que está contratado por la productora de Jaume Roures Mediapro para su departamento legal.
Los otros tres líderes secesionistas condenados por sedición a los que las juntas de tratamiento de sus respectivas cárceles aplicaron el 100.2 del reglamento penitenciario son el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez, la ex consejera Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. Los tres ya han salido de los centros para realizar tareas de voluntariado y, en el caso de las dos mujeres, para cuidar de familiares de edad avanzada durante unas horas. Dentro de la prisión de Lledoners, sin que la Junta de Tratamiento del centro les haya concedido el 100.2, están los ex consejeros Josep Rull y Jordi Turull.
Además, Cuixart y Sànchez han tenido varios permisos penitenciarios, ya que al cumplir una cuarta parte de la pena los han solicitado. Los de 48 horas los concede directamente la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departamento de Justicia, controlada por la consejera Ester Capella, de ERC, el mismo partido que Junqueras. Sin embargo, los de 72 horas requieren autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que se los ha concedido teniendo en cuenta los informes de los psicólogos y juristas que los atienden dentro de la cárcel. La Fiscalía se había opuesto a los permisos de tres días, ya que considera que se debía tener en cuenta la gravedad del delito cometido y el poco tiempo cumplido de la alta pena de cárcel impuesta.
En este sentido, en los escritos presentados ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de oposición a la aplicación del 100.2 a Cuixart y Sànchez, la Fiscalía remarca que se está limitando la «excepcionalidad» de este artículo del reglamento penitenciario, ya que debía facilitar la «inserción social, familiar y laboral» del interno y en ningún caso los presos necesitan del trabajo o del voluntariado que proponen para lograr este objetivo. Además, el Ministerio Público recordó en su último escrito que la consejera de Justicia de la Generalitat ya anunció «que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se aplicará a todos los líderes soberanistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo, afirmando que es una manera de cumplir la pena y recordando que es una anomalía que los presos y presas políticas estén en prisión». Por eso cree que se deja en «evidencia» la función para plantear esta semilibertad a cualquier preso.
Precisamente, en una comparecencia en el Parlament, el fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, defendió ayer los recursos contra la salida de prisión de los líderes independentistas condenados por sedición tras ser cuestionado por diputados de Junts per Catalunya y ERC. Bañeres recordó que la Fiscalía da el mismo trato a los presos soberanistas que a cualquier otro interno y añadió que una de las condiciones para conseguir permisos penitenciarios, como las salidas programadas, es reconocer el delito cometido y arrepentirse.
«Con aceptación del delito cometido y con compromiso o por lo menos pronóstico de no volverlo a realizar, en ese caso lo razonable hubiese sido la calificación en tercer grado, que para esto está en la ley de vigilancia penitenciaria», indicó Bañeres, que recordó que la decisión inicial de los responsables de Medidas Penales podría haber sido diferente si hubiesen considerado que los internos están en situación de estar perfectamente adaptados para la vida en libertad.
El pasado enero, la Secretaría de Medidas Penales el Departamento de Justicia decidió clasificar a los presos, a partir de los informes de las juntas de tratamiento de las cárceles, en segundo grado y no en tercero. El recurso contra esta decisión se debe plantear al tribunal sentenciador, el Supremo, mientras que los escritos contra las resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria respecto a la aplicación del 100.2 se dirimen en la Audiencia de Barcelona

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