domingo, 17 de mayo de 2020

Crece el malestar entre la población reclusa por el trato de privilegio a los presos del 'procés'

Los equipos de educadores aseguran que las restricciones en los permisos por el coronavirus han disparado las quejas.


Junqueras entrando en Lledoners junto a Raül Romeva.

Un preso de 35 años, condenado a estar en prisión los mismos años que Oriol Junqueras, por un robo con fuerza y con excedencia en una empresa pública que pidió volver a su empleo para pagar la hipoteca.
Otro preso que pidió acogerse al 100.2 para poder salir de la cárcel para ir a estudiar, y que demostró un comportamiento ejemplar dentro de su centro penitenciario.
Un tercer preso al que, como en tantos otros casos, solo le dejaron visitar a su madre en fase terminal con la compañía de los Mossos d’Esquadra.
Todos estos son casos a los que los educadores en las cárceles catalanas se enfrentan diariamente y que, pese a su buena conducta, deben declinar sus salidas de los centros por no reunir las condiciones para solicitar permisos.
“La circular que tienen los educadores nos ordena que hasta haber cumplido el preso la cuarta parte de la condena no podemos iniciar nada ni aceptar nada, y no sabemos cómo justificar ante los internos que esta gente [los dirigentes nacionalistas en prisión] sí que pueden”, explica un educador a EL ESPAÑOL.
Los equipos de educadores perciben cada vez más malestar entre los internos por los “privilegios” que se les otorga a los dirigentes condenados por sedición que, a diferencia de los activistas Jordi Sánchez Jordi Cuixart, todavía no han pasado entre rejas una cuarta parte de su pena. “Hay muchos presos que están en la misma situación que Junqueras y no les dan el permiso”, abunda.
Por su parte, un portavoz de la Intersindical IAC-CATAC de Lledoners, sindicato del personal penitenciario, asegura a este periódico que no le “constan quejas de internos”. Algo que dista de lo que afirman los educadores: “Es un chup chup interno, y circula por todas las cárceles”.

Coronavirus

La crisis del coronavirus y las restricciones que ha comportado en los permisos han ahondado en esta polémica. Oriol Junqueras pudo cambiar de empleo (de la Universidad de Vic al Monasterio de Poblet) para que el cierre del centro académico no finiquitara sus salidas de Lledoners. Y a Carme Forcadell se le permite hacer voluntariado en una entidad afín a ERC y cuidar a su madre en plena pandemia.
Como en todo -añaden- también hay internos que se quejan “sin motivo”, pero citan varios casos de internos ejemplares que deberían poder trabajar para pagar la hipoteca y a quienes no se les ofrece la semilibertad. Uno de ellos, de 35 años, asiste cada día a la escuela de Adultos, por la tarde trabaja en mantenimiento y suministros y forma parte de un grupo de mediación para interceder con los presos que se han peleado.
Su buena conducta y su situación de excedencia en una empresa pública no ha sido suficiente para acceder al 100.2. Asimismo, a los que quieren visitar a sus padres enfermos o en cuidados paliativos solo pueden hacerlo “con fuerza pública”, es decir, acompañados de agentes de los Mossos d’Esquadra.

Permisos inusuales

Los educadores y juntas de tratamiento tienen que “contrastar” que los contratos de empleo que presentan algunos internos sean reales. “A veces presentan contratos que ves que son de un amigo y que su finalidad es que salgan de la cárcel y no para trabajar”, relata el educador. Tampoco se los damos para “cuidar a la familia”, como ha sido también el caso de la exconsellera Dolors Bassa, condenada a 12 años de cárcel.
Esta fiscalización de los contratos de empleo también dista de la de los presos del procés, que han accedido a trabajos que en algunos casos guardan poca relación con sus perfiles profesionales o, como en el caso de Joaquim Forn, exconsejero de Interior, ha recibido la oferta laboral del empresario Jaume Roures, alineado políticamente con los líderes nacionalistas.
Las cárceles catalanas son las únicas del territorio que desarrollan programas de tratamiento previos a la cuarta fase de la condena, que suelen durar entre seis y siete meses.
Estos programas son específicos según el delito cometido por el interno. Existen programas para “prepararse para la vida en la calle”, de tránsito para los que han incurrido en delitos en la carretera; de violencia de género, de delitos sexuales o de toxicología, entre otros.
Los líderes del procés han podido beneficiarse de permisos de semilibertad sin pasar por estos programas. Y antes de "estar en fechas", como en el argot se conoce estar en la cuarta parte de la condena.

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