jueves, 4 de junio de 2020

La Guardia Civil actualiza su informe del 8-M para incluir las declaraciones ‘off the record’ de la Ministra de Igualdad

Los agentes de la unidad judicial de la Guardia Civil que elaboraron el famoso informe encargado por la jueza Carmen Rodríguez Medel que ha servido para investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, han actualizado su trabajo en el que insisten en sus tesis iniciales de que el Gobierno tenía datos que alertaban del peligro del Covid-19. 

La Guardia Civil actualiza su informe del 8-M para incluir las declaraciones ‘off the record’ de la Ministra de Igualdad



Ahora, han aprovechado para incluir más recortes de la prensa conservadora, entre ellos las declaraciones ‘robadas’ de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que presuponía que hubo menos afluencia a las manifestaciones del 8-M por el miedo al coronavirus. 

En dicho trabajo reconocen varios errores de fechas y documentos, así como la malinterpretación de declaraciones de testigos.

El famoso informe elaborado por la Guardia Civil encargado por la jueza Carmen Rodríguez Medel y que ha servido para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tiene ya su versión 2.0

Ahora, los agentes encargados del mismo han mandado al juzgado una actualización de su primer informe que estaba lleno de errores, suposiciones, recortes de prensa e incluso bulos ya desmentidos.

Pero lejos de cambiar su tesis inicial, insisten en ella, es decir, en que el Gobierno conocía el 9 de marzo los peligros del coronavirus y permitió, por causas políticas, actividades multitudinarias poniendo el foco (como ha hecho la derecha y la ultraderecha desde hace meses) en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.


Además, ahora, la Guardia Civil incluye más recortes de prensa conservadora entre los que se encuentra la información publicada por el diario ABC con unas declaraciones ‘off the record’ de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que hace conjeturas sobre la posibilidad de que este año hubiera menos asistencia a los actos feministas por culpa del miedo al coronavirus. 

También relata que la comunicación del Gobierno está siendo ‘buena’ y que se basa en los datos médicos que se tenían en ese momento. Pero añade que es público el pánico que se está generando en la calle por las noticias que llegan de otros países que están tomando medidas drásticas.

La actualización del atestado, como ha adelantado el periódico El País, al que ha tenido acceso, reconoce errores en el primer trabajo y que fueron resaltados en varios medios de comunicación. 

Entre ellos, afirman que la Organización Mundial de la Salud no definió el Covid-19 como pandemia hasta el 11 de marzo en vez del 30 de enero como informaron en su primer informe. También reconocen que hay fallos en el manejo de varios de los documentos incluidos y que hicieron interpretaciones ‘erróneas’ de declaraciones de testigos. 

Es el caso del secretario general de la CGT en Madrid, Antonio O’Connor, que contó a los agentes que suspendió una concentración no por miedo al coronavirus sino porque buscaron una fecha posterior más acorde a sus intereses.


Hay que recordar que este atestado judicial ha causado una tormenta política que ha acaparado los enfrentamientos entre la derecha y el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska

Este trabajo se conoció por una filtración a la prensa que llevó a los altos mandos del Ministerio de Interior a interesarse por el asunto. Como consecuencia de ello, se decidió cesar de su cargo al jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos lo que, a su vez, produjo la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), Laurentino Ceña, del instituto armado como protesta del cese.

La derecha y ultraderecha acusa al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska de interferir en una investigación judicial y de cesar al alto mando como ‘castigo’ por negarse a proporcionarle el informe. Sin embargo, el titular de Interior ha reiterado en sus múltiples comparecencias que nunca solicitó este atestado y que el cese se debe a la ‘pérdida de confianza’ y a la renovación que se lleva a cabo desde el mes de febrero de la cúpula de mandos del ministerio. 

El motivo del cese también ha sido filtrado a la prensa a través de una nota interna de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dirigida al secretario de Estado de Seguridad. El ministro Marlaska recordó ayer en el parlamento que la filtración de este tipo de documentos así como de informes judiciales sí que es un delito.
Pero nada le vale a la oposición y piden la dimisión de Marlaska de manera insistente. Sin embargo, el Gobierno en pleno ha arropado y apoyado al ministro.

 Precisamente este miércoles en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó a su ministro y fue contundente al afirmar que su Ejecutivo jamás interferirá en asuntos judiciales y “nunca habrá una mal llamada policía patriótica” como ocurrió cuando gobernaba el Partido Popular que destinó fondos para que varios agentes espiarán a contrincantes políticos, como Pablo Iglesias, y para tratar de destruir pruebas en poder de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que podrían inculpar de delitos a altos dirigentes conservadores.

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