Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos
El caso de la conocida como ‘UCO patriótica’ ha cobrado nueva relevancia tras el fichaje por parte de Isabel Díaz Ayuso de uno de sus presuntos integrantes: el exjefe de fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO), Juan Vicente Bonilla. Sin embargo, más allá de su incorporación al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las denuncias en sede judicial apuntan a la existencia de una red más amplia, compuesta por otros tres agentes de la Guardia Civil que habrían desarrollado funciones clave para supuestamente favorecer al Partido Popular: acceso a bases de datos reservadas, labores de contravigilancia y elaboración de documentos técnicos usados en procedimientos judiciales.
Según consta en el atestado nº 190 -al que ha tenido acceso ElPlural.com- presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, dirigido por el juez Santiago Pedraz, los nombres de estos tres agentes son L. H, O. V. V y F. G. S. R. Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
Una red de apoyo dentro del cuerpo
En el citado atestado judicial se detalla que estos tres guardias civiles “estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil”, información a la que solo se puede acceder bajo autorización oficial y con fines estrictamente profesionales. El documento remarca que L.H, además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular.
Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización. Estas actuaciones no solo comprometerían la neutralidad del cuerpo, sino que apuntan a una presunta instrumentalización d
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