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miércoles, 26 de agosto de 2020

Un guardia civil, mujer e hijo desahuciados

Según la Orden General de Pabellones, dichos gastos deberían ser reclamados por quien los gestiona, la Asociación de Vecinos


Un guardia civil, mujer e hijo desahuciados




La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King, 
Con todas las calamidades políticas, económicas y sociales en las que estamos inmersos, un grave y inhumano asunto permanece casi en el anonimato informativo, apenas unos pocos medios se han hecho eco de que un cabo de la Guardia Civil, su mujer e hijo (un bebé de 7 meses de edad) han sido desalojados de su vivienda en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Teguise (Lanzarote) por orden del General Jefe de la Zona de Canarias. El “motivo” ha sido el retraso en el pago de una pírrica deuda, inferior a 250 euros, por cuotas de mantenimiento de la comunidad de vecinos de su vivienda, generadas entre febrero y noviembre de 2019. No obstante, dicha deuda ya ha sido abonada desde hace meses, más el 20% de sus intereses de demora.
El Guardia Civil se vio obligado a abandonar su vivienda, que le había sido adjudicada hace más de 9 años, dado que de no cumplir la orden del General se le incoaría un expediente disciplinario, teniendo que dormir desde hace más de un mes en su coche aparcado en el cuartel. Por el contrario, su esposa, acompañada de su bebé, se ha negado a abandonar dicha vivienda por considerar injusto y arbitrario el desalojo, además de desproporcionado.
Los servicios jurídicos de la Asociación de la Guardia Civil a la que pertenece el agente han presentado un Recurso de Alzada contra dicha orden solicitando que se suspenda la ejecución de dicho desahucio o desalojo. Manifestando además que el retraso en el pago de la cuota comunitaria no es un hecho aislado del guardia civil, ya que es práctica habitual abonarla al final de año o por meses acumulados, según lo venía haciendo desde el inicio, como otros compañeros. Es decir, hay guardias civiles que se retrasaron en los pagos de las cuotas y nunca fueron desalojados de sus casas.
El Guardia Civil también ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo suplicando su amparo, aclarando que las cuotas son gestionadas por la Asociación de Vecinos del cuartel y siempre las ha satisfecho anualmente o por meses  acumulados, como la mayoría de los adjudicatarios en dicho acuartelamiento, sin que hasta la fecha supusiera problema alguno.
A mayor abundamiento, según la Orden General de Pabellones, dichos gastos deberían ser reclamados por quien los gestiona, la Asociación de Vecinos, por la vía civil, a través de un procedimiento monitorio de reclamación de cantidad, sin intervención de la autoridad militar, aunque, repito, toda la deuda ya está abonada incluso con sus intereses.
Así los hechos, someramente descritos, nos preguntamos cómo es posible que se siga manteniendo dicha situación más que inhumana, desproporcionada, un auténtico disparate y acosoque puede llegar a tener graves consecuencias para su salud y la de su familia. Ni siquiera le contestan. ¿Existen intereses espurios? ¡Ya lo veremos! Asimismo, resulta sorprendente que los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil no hayan hasta ahora intervenido para denunciar esta situación.
Actualmente, ya vivimos una época muy gris como para que algunos autoritarios se empeñen en hacerla todavía más oscura, negra, muy negra, para una familia, lo que supone una vejación, un abuso de autoridad, una arbitrariedad, un desafuero, en definitiva, una injusticia, con infracción de los principios constitucionales y derechos humanos más elementales, a los que también tienen derecho los Guardias Civiles ¡Ya faltaría!
Dicho comportamiento también lo daré a conocer a la Asociación Pro Derechos Humanos en España y demás organizaciones, para que no se prive a unos seres humanos de sus derechos, dado que, como ya decía Martin Luther King, “La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”. No obstante, quiero confiar que la Directora General de la Guardia Civil, el Secretario de Estado de Seguridad o el propio Ministro del Interior o la Ministra de Defensa pongan fin a este desatino, a esta tropelía, que está sufriendo una familia, que todas las noches, desde hace más de un mes, se ve obligada a comunicarse 

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