Ada Colau se ha propuesto transformar su policía local, la Guàrdia Urbana, en un cuerpo «centrado en la proximidad». El objetivo de la alcaldesa de Barcelona es reducir las intervenciones de los agentes fomentando la «prevención de los problemas» y la «anticipación de los «conflictos». Pero, mientras insiste en ese discurso político, el gobierno municipal acaba de aprobar la compra de nuevas porras metálicas para equipar a sus guardias.
El Ayuntamiento de la capital catalana ha licitado la adquisición de 450 nuevas «defensas extensibles» fabricadas en aluminio y acero para la Guàrdia Urbana, un arma reglamentaria que ya formaba parte del equipamiento habitual de la policía municipal y cuya continuidad ahora avala Colau.
El Consistorio ha fijado un precio de compra para las nuevas porras de la Guàrdia Urbana de 73.434 euros -IVA incluido-, cantidad que servirá para adquirir las 450 defensas extensibles, formadas por tres tramos rígidos, los dos primeros fabricados en aluminio y el tercero hecho de tubo de acero vacío «para evitar lesiones». Este instrumento policial, ligero y de pequeñas dimensiones -510 milímetros desplegado- permite al agente una actuación rápida y manteniendo distancia. Cada unidad tiene un coste de 92 euros.
El lote de porras adquirido por el Ayuntamiento va acompañado de sus respectivas fundas con el escudo del cuerpo policial grabado y de 12 «sacos de entrenamiento» capaces de «simular la densidad del cuerpo humano» para ensayar el golpeo con el arma.
Continuos conflictos con el cuerpo
La compra de las porras metálicas se produce en un contexto de redefinición del cuerpo policial barcelonés con consecuencias como la todavía pendiente disolución de su unidad antidisturbios. La reconversión de esta unidad se producirá antes de la primavera e implicará la modificación de las funciones de estos agentes, que se dedicarán al diseño de planes de emergencia, la inspección de grandes eventos y también actuarán como policías administrativos y de proximidad.
La disolución de los antidisturbios ha sido sólo uno de los puntos de conflicto entre la alcaldesa y la Guàrdia Urbana, que también se ha visto afectada por las nuevas directrices del gobierno municipal en cuestiones como el top manta. La tolerancia del ejecutivo de Colau con el fenómeno de la venta ilegal en la vía pública ha limitado la actuación de los agentes, que en ocasiones han resultado heridos.
La mayor crisis se produjo en mayo del pasado año, cuando trascendió que el teniente de alcalde Jaume Asens había llamado por teléfono al abogado de un guardia urbano lesionado por un mantero para pedirle que no solicitara prisión provisional para el vendedor ambulante.
Tras ese capítulo, que llevó a la oposición a pedir dimisiones en el área de Seguridad que nunca llegaron a ejecutarse, se han producido nuevas fricciones entre el cuerpo policial y sus mandos políticos. El último tuvo lugar a inicios de este mes de diciembre, cuando el gobierno municipal anunció el desmantelamiento de la banda de música de la Guàrdia Urbana y el cambio de rol de la Unidad Montada, que pasará a patrullar zonas forestales y a vigilar el medio ambiente después de que Colau considerara que era demasiado cara para no participar en operativos policiales.
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/12/14/58504db2468aebff398b467f.html
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