domingo, 29 de julio de 2018

El Tribunal Constitucional tumba la ley de abusos policiales de Navarra

El Tribunal Constitucional ha anulado la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada por el cuatripartito de Geroa BaiEH BilduPodemos e Izquierda-Ezquerra más el apoyo del PSN y que estaba suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno del PP.

La sentencia estima el recurso de la Abogacía del Estado en Navarra y sostiene el riesgo de «conculcar derechos fundamentales de todos cuantos pudieran verse sometidos o expuestos al escrutinio de la comisión», un órgano político, no judicial.
El varapalo de los jueces es un zarandeo constitucional al Gobierno, al que pone en un aprieto político. Tras reunirse con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el pasado lunes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso que había presentado el de Mariano Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales, una norma similar a la navarra que ahora tumba el Constitucional.
La retirada del recurso se interpreta como uno de los precios que el actual Gobierno debe pagar al PNV, uno de los socios parlamentarios que le permitieron ganar la moción de censura contra Rajoy.
El Gobierno de Sánchez tenía previsto haber acordado la retirada del recurso en el Consejo de Ministros del viernes pasado, pero no lo hizo.
El hecho de que el TC haya declarado no ajustada a derecho la norma navarra pone en una difícil tesitura al Gobierno: si retira el recurso daría por buena una ley vasca que, a la vista de lo ocurrido con la navarra, sería declarada inconstitucional.
La ley navarra foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos prevé determinar actuaciones delictivas provocadas por agentes policiales o parapoliciales desde 1950 hasta hoy. Pero el texto desconoce que la única instancia que tiene potestad para ello es la Justicia. Como en la ley vasca, esa misión se deja en manos de una comisión que nombraría el propio Gobierno navarro.
Por su parte, los técnicos jurídicos de Urkullu y de Sánchez llegaron el lunes a un acuerdo para que el Gobierno vasco introdujera modificaciones, sobre todo en lo relacionado con las funciones de la comisión de valoración que prevé la ley de abusos policiales, aprobada en 2016.
Ese órgano será el encargado de decidir si se ha producido, por ejemplo, un caso de malos tratos o torturas por parte de la Ertzaintza, la Policía Nacional o la Guardia Civil aunque no haya una sentencia judicial, y que daría derecho a la supuesta víctima a solicitar ser resarcido por la administración pública.
Los cambios fueron calificados como «retoques» por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien dijo que no alteraban las funciones de esa comisión de valoración. Estará integrada por expertos seleccionados por el Gobierno vasco, entre ellos el conocido forense Francisco Etxeberria, autor de un informe que cuantificó en 4.113 los casos de torturas que se produjeron en Euskadi entre los años 1960 y 2014.
La negociación entre los gobiernos de Madrid y Vitoria para retirar el recurso ha despertado el enfado de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Incluso Dignidad y Justicia ha solicitado personarse en la causa abierta en el Constitucional precisamente para intentar frenar la retirada del recurso.
El principal argumento contra esa comisión de valoración es que vulnera el artículo 117 de la Constitución al atribuirse las funciones de investigación y resolución sobre presuntos delitos cometidos contra los denunciantes vulnerándose el derecho al honor y al de presunción de inocencia de los funcionarios policiales.

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/29/5b5cc02046163f8dab8b461f.html

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