viernes, 7 de junio de 2019

Un juez condena a la Generalitat por discriminar a una ‘mossa’ embarazada

Interior "vulneró" el derecho a la igualdad al cambiar a la agente las condiciones laborales


Comisaría de los Mossos de Cambrils.



El segundo embarazo de la cabo (caporal) fue un engorro para el número dos de los Mossos d’Esquadra de Cambrils (Tarragona). El sargento aprovechó la baja por maternidad de la agente para alterar sus condiciones de trabajo y la planificación de la comisaría. De modo que, cuando en octubre de 2017 se reincorporó con jornada reducida, vio que ya no tenía el mismo horario ni formaba parte del mismo escamot o grupo de policías. Denunció el caso. Una juez de Barcelona le ha dado la razón y ha condenado a la Generalitat por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad de la mossa.
“Por razón de su condición de madre y por ejercer su derecho a la reducción de jornada laboral para la conciliación, ha sufrido un trato discriminatorio y perjudicial”, concluye la sentencia dictada por la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Barcelona, Rosa María Muñoz. La resolución rechaza el pago de una indemnización a favor de la cabo por daños morales, pero ordena que se le devuelva “a las mismas condiciones de trabajo”. Reconoce el derecho de la mossa a haber disfrutado de “las mismas condiciones, puesto de trabajo, funciones e integración en grupos equivalentes”.
Lo más relevante, sin embargo, es que condena a la Dirección General de Policía del Govern por “vulnerar” un derecho fundamental de la Constitución: no ser discriminado, entre otras cosas, por razón de sexo. La Fiscalía, que se había mantenido más o menos al margen de la demanda, se adhirió al final del juicio a la petición de condena.
Además de la declaración de los testigos, la principal prueba en este caso es un informe elaborado por el propio Departamento de Interior cuando se activó el protocolo interno de resolución de conflictos. El documento señala a la cabo por haber llevado “a los límites legales” sus derechos y concluye que su actuación fue “éticamente reprobable”. Le afean, en particular, que solicitara volver a la jornada normal -fruto de un primer embarazo- para, poco tiempo después, “permanecer en situación de baja durante prácticamente un año” y regresar, por si fuera poco, de nuevo con una jornada reducida.
Después de una trayectoria de 15 años en los Mossos, la afectada ganó un concurso y se trasladó de la comisaría de Salou a la de Cambrils -donde trabajan unos 60 policías- en la primavera de 2016. Ya entonces disfrutaba de jornada reducida por estar al cargo de su primer hijo. En septiembre, pidió volver a trabajar ocho horas diarias pero, apenas dos meses después, tuvo que coger la baja por un “embarazo de riesgo”, según la demanda presentada en su nombre por el sindicato USPAC de los Mossos. Con la baja, el permiso por maternidad y las vacaciones, ya no se incorporaría al trabajo hasta octubre de 2017.

"Sola y apartada"

En enero de 2017, durante el segundo embarazo, el número dos de Cambrils ordenó unos cambios que “afectaban directamente” a la cabo, según la sentencia. Con la reorganización de su jornada, fue acumulándose tiempo en la “bolsa de horas” de la mossa: al regresar, debía 87 horas a la Administración. Además, se le asignó a un escamot unipersonal, de modo que estaba “sola y apartada, sin grupo de trabajo asignado”, recoge la demanda. “Aislada de los compañeros, no se le informa de las reuniones y no se le permite realizar cursos”, sigue USPAC.
El número dos de Cambrils intentó explicar los cambios en un correo electrónico remitido al sindicato en agosto de 2017. El sargento argumenta que muchas personas disfrutan en comisaría de jornada reducida compactada, o sea “sin afectación al servicio ordinario”. Y que la denunciante fue la única que ha optado por hacerlas de forma no compactada. Ese sistema, dice, “era a efectos prácticos muy perjudicial”. El cambio que impulsó pretendía hacer compatible sus derechos con ciertas “garantías de trabajo”; por ejemplo, que estuviera siempre presente un mando en una situación de “alerta antiterrorista”.
Durante el protocolo para resolver conflictos, a la mujer se le propuso el traslado a la comisaría de Reus. Interior “pretendía que la víctima de discriminación por razón de sexo fuese quien abandonase su puesto de trabajo”, denuncia USPAC, que alerta de la “discriminación de la mujer” en el cuerpo de Mossos, pide que se investigue la actuación de los mandos y ha creado una sección específica de “defensa de la mossa”.

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