La policía deberá informar al juez cada vez que use las nuevas pistolas eléctricas

Interior ultima un protocolo tras la compra de 1.000 dispositivos por la Policía Nacional y la próxima adquisición de 150 para la Guardia Civil

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

La Policía Nacional ultima un protocolo para el uso de las pistolas eléctricas tras la reciente adquisición de un millar de estos dispositivos conocidos por su nombre comercial, Taser. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fija en qué situaciones los agentes deben evitar su uso y contra quién nunca deben emplearse. También, que después de cada utilización, se deberá informar “a la autoridad judicial”. El Defensor del Pueblo advirtió este martes sobre la cada vez mayor presencia de estas pistolas y recordaba que su utilización causa “dolor y sufrimiento” y que puede ser considerada una forma de “tortura o malos tratos”.

Las pistolas eléctricas lanzan dardos con electrodos unidos al arma mediante un cable que, al alcanzar el cuerpo, provoca una descarga que “interfiere las señales que envía el cerebro a los músculos de manera que incapacita temporalmente el sistema nervioso sensorial y motor” del que recibe el impacto, según detalla el protocolo en estudio. En la actualidad hay cerca de un millar de estas pistolas en España, según la empresa fabricante, Axon.

La Policía Nacional, que gastará 2,1 millones en la adquisición de 1.000 de estas armas, tendrá las primeras 300 en octubre, lo que ha obligado a sus responsables a elaborar este informe. En él, se destaca que estas solo serán utilizadas por determinadas unidades y que los agentes a los que se les faciliten deberán superar un periodo de formación. La Policía fija que su uso solo está indicado cuando se trata de “reducir, inmovilizar o detener” a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contempla su uso para evitar tentativas de suicidio.

Por el contrario, prohíbe su utilización con niños, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada y “personas débiles de salud”. También las prohíbe en las prisiones, salvo en el caso de motines o toma de rehenes; en manifestaciones; cerca de sustancias inflamables; o cuando el objetivo se encuentre en lugares donde se pueda precipitar al vacío, ya que la descarga provoca la pérdida de capacidad motora. El protocolo recoge la necesidad de “garantizar la asistencia médica” a la persona que haya recibido la descarga.

La Policía también obligará a sus agentes a grabar la actuación y registrar en imágenes la parte del cuerpo donde ha impactado el dardo. “No se tiene que parar la grabación hasta que se dé por finalizada la actuación”, recalca el documento. Los policías también deberán “informar a la autoridad judicial mediante un atestado” y se guardará el cartucho disparado al menos durante un mes por si es requerido por el juez. Interior exige también llevar un registro que detalle qué agente tiene en cada momento el arma.

Esta pistola, con la que ya contaban los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y más de 200 cuerpos de la Policía Local, era una antigua demanda de los sindicatos de la policía a la que Interior ha accedido ahora. “Es una decisión muy meditada”, señalan fuentes del ministerio. Carlos Prieto Conesa, responsable de riesgos laborales del Sindicato Unificado de Policía (SUP), insiste en que “estas armas tienen, en la mayoría de los casos, un efecto disuasorio y no hace falta dispararlas”. Y aunque admite que el efecto de la descarga “no es agradable”, defiende en que “es el mejor método de salvaguardar la vida tanto de la persona que se ha convertido en una amenaza como la del agente”. También defiende su uso Javier Ramírez, director para el sur de Europa de Axon, que insiste en que no son “letales” y esgrime que en los últimos 25 años la compañía solo ha recibido 147 demandas en todo el mundo por su uso y que, de ellas, 145 han sido desestimadas.

Por el contrario, Amnistía Internacional vincula estos dispositivos a numerosas muertes en EE UU. En España no hay constancia de que se hayan producido. Virginia Álvarez, investigadora de esta organización, reclama “una regulación muy estricta” y teme que la imagen que se da estos dispositivos como prácticamente inocuos “puede banalizar” su utilización. En la misma línea, el Defensor del Pueblo recalca en el informe que hizo público este martes que “el empleo de estas armas debe estar rigurosamente regulado y reservado exclusivamente a aquellos agentes que hayan recibido la capacitación adecuada”, ya que considera que “se pueden prestar a un uso abusivo”.

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