El ministerio del Interior ha privatizado los reconocimientos médicos periódicos en la Guardia Civil. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska convocó a principios de abril un concurso público para externalizar este servicio sanitario y lo adjudicó por más de 5 millones de euros. El objeto del concurso fue «contratar un Servicio de Prevención Ajeno para asumir la especialidad preventiva de medicina del trabajo y la realización de la vigilancia de la salud a los miembros de la Guardia Civil». El valor inicial estimado del contrato era de 10.641.028 euros.
La empresa adjudicataria fue la única que se presentó al concurso. Lo ganó el 24 de agosto pasado por 5.320.514 euros. Se trata de Medios de Prevención Externos Sur SL, perteneciente al grupo MPE, especializado en prevención de riesgos laborales, con 25 años de historia, sede en Sevilla y delegaciones por toda España.
El concurso viene a cumplir un mandato legal de hace 15 años y a resolver una vieja de reivindicación de los agentes de la Guardia Civil: la realización de reconocimientos médicos periódicos. «Puedes pasarte 40 años en el Cuerpo sin que te hagan ni uno, salvo en la academia o en algún curso de ascenso», señalan fuentes de la Benemérita. Pero fuentes de Interior enmarcan, también, la «agilización» de la decisión en el «miedo» que provocó la llegada del Covid, el temor a contagios masivos entre los agentes y la «desprotección» médica que sufren.
No en vano, la publicación de la convocatoria se produjo durante el estado de alarma, en pleno «pico» de la pandemia, entre las críticas de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la falta de medidas de protección frente al Covid y con el ministro Grande-Marlaska soportando a diario las preguntas de la prensa sobre esta cuestión.
En la Guardia Civil no existe un servicio médico propio. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es el encargado de la atención sanitaria de sus miembros, pero al llegar la pandemia se asumió que el ISFAS no tenía capacidad para hacer, a largo plazo, el seguimiento de la salud de los 75.00o guardias civiles o para afrontar un contagio masivo de Covid. «La Sanidad Militar tiene otras prioridades», señalan fuentes del cuerpo
La adjudicación está pendiente de la firma de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y ninguna fuente puede asegurar que la empresa vaya a dedicarse también a la prevención del Covid, pero lo cierto es que el Grupo MPE ofrece, entre sus servicios, test rápidos de detección por 50 euros «con resultados en 48 horas, fiabilidad del 90% y la garantía de proveedores europeos de prestigio». También ofrece pruebas PCR.
«Para nosotros, la decisión es magnífica porque estamos abandonados y más con la pandemia», señalan las asociaciones de guardias, «aunque evidentemente -reconocen también- es una contradicción política que un Ejecutivo que se define como el Gobierno de lo público y critica a los demás cuando externalizan, asuma que tiene que privatizar un servicio de salud como este que afecta a 75.000 personas».
Problemas legales
Las fuentes de Interior apuntan también a que, con la llegada del Covid, se quiere cubrir cualquier resquicio legal que pueda suponer un problema judicial. Las fuentes consultadas recuerdan que el Real Decreto de 2005 sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil establece que «la Dirección General de la Guardia Civil garantizará una adecuada vigilancia de la salud de sus miembros en función de los riesgos profesionales a los que estén expuestos». Y añade que las pruebas serán «voluntarias y periódicas», salvo «en los supuestos en los que el estado de salud del personal pueda constituir un peligro para él mismo o para las demás personas relacionadas con la función que desempeña». Este supuesto coincide plenamente con la situación actual.
Además, la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil de 2015 señala que han de realizarse «reconocimientos médicos y pruebas físicas y psicológicas con el contenido y periodicidad que reglamentariamente se establezca o en cualquier momento a iniciativa fundamentada del interesado». Algo que, en circunstancias normales, no se ha cumplido nunca. De hecho, en aquel 2015, incluso el Defensor del Pueblo amonestó a Interior y, en un dictamen, señaló que «a pesar de haber transcurrido más de una década desde que el Real Decreto de 2005 entró en vigor, hasta el momento, los guardias civiles siguen sin los reconocimientos periódicos que cumplan con las obligaciones impuestas». «La Guardia Civil -afirmó- tiene la obligación de cumplir la normativa».
La decisión de privatizar este servicio sanitario por parte del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y en plena pandemia llama la atención especialmente cuando PSOE y Podemos critican habitualmente con dureza al PP por realizar externalizaciones. Sin ir más lejos, la campaña realizada en Madrid, en las últimas semanas, contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por adjudicar el servicio de rastreadores del Covid al Grupo Quirón Salud.
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