En la ímproba tarea de esclarecer los crímenes pendientes de la banda terrorista ETA nunca se sabe qué tecla será la adecuada para desencadenar los acontecimientos.
Isabel Vega
Por eso, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional procuran tocarlas todas cada vez que se reabre un caso.
Es lo que ha ocurrido con el asesinato del presidente del PP de Aragón y senador Manuel Giménez Abad, cometido el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza: dos testigos y una prueba caligráfica a partir de la documentación intervenida en 2002 a Ibon Fernández de Iradi, alias Susper, han despejado una incógnita que pesaba dos décadas y que ha llevado a prisión provisional a Miren Itxaso Zaldua Iriberri, «Sahatsa», por su presunta participación en el crimen. Pero no sólo.
Situarla como integrante en aquella época del denominado comando «Basajaún» junto a Mikel Carrera Sarobe, alias «Ata», responsable del asesinato implica atribuirle también el atentado que mató a un agente de la Guardia Civil, el cabo Juan Carlos Beiro, e hirió a otros cuatro con una bomba vinculada a una pancarta el 24 de septiembre de 2002 en Leiza, Navarra.
Se dio cuenta la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidió la reapertura de la causa, pero también lo vieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que trasladaron su informe sobre Zaldua al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional desencadenando un impulso definitivo para este procedimiento que estaba cerca de prescribir.
Así es como 18 años y tres meses después de aquella pancarta, la etarra, que ya cumplió pena en Francia por integración y hasta su detención en julio se encontraba en libertad en España, se ha sentado este lunes ante el juez Ismael Moreno
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