El Gobierno impulsará una reforma de los delitos relacionados con la libertad de expresión, con el objetivo de despenalizarlo en el caso de las expresiones artísticas, al margen del proyecto registrado esta misma mañana por Unidas Podemos en el Congreso.
Iván Gil
Los socios de Gobierno ha duplicado iniciativas tras la condena de cárcel al rapero Pablo Hasél, lo cual han reconocido tanto desde Gobierno como desde el grupo parlamentario socialista a que responde al contexto de campaña electoral. Con todo, la reforma que finalmente salga adelante será la promovida por Justicia, en colaboración con el ministerio del Interior, según ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este martes en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Los morados, por su parte, mantendrán viva su iniciativa, "porque es la única que hay", al considerar que precisa una tramitación urgente.
Desde Unidas Podemos han defendido que su propuesta de reforma, que ya tenían preparada pero que dejaron en suspenso por la pandemia, es la única con un "texto articulado", que cuenta ya con el visto bueno de Relaciones con las Cortes, y que sería la vía más factible para un cambio urgente. "Para nosotros se tiene que tramitar urgentemente porque de nada sirve arreglar esto dentro de unos meses cuando ya hayan cumplido condenas" los afectados por estos delitos, ha explicado el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago.
Su homólogo en el PSOE, Rafael Simancas, ha negado que exista descoordinación entre los socios, aunque "somos fuerzas distintas y además estamos en campaña electoral. El Gobierno tenía una iniciativa y Unidas Podemos tenía otro texto que ha decidido registrar", lo cual no significaría, dijo, "que vayamos a unificar todas las iniciativas". "Lo importante es que al final se modifique, más allá de quiénes sean los padres o madres" de la reforma, ha tratado de zanjar Montero.
La propuesta que los morados han llevado al Congreso explicita la derogación de los artículos del Código Penal que hacen referencia al delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo. "En los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap", han sostenido sus impulsores.
Desde el Gobierno han evitado posicionarse sobre la letra pequeña de la propuesta del socio minoritario, aunque el ministerio de Justicia hace referencia a la "revisión de los delitos", no de derogación. Su objetivo sí es con todo la despenalización, lo que los convertiría en faltas administrativas. Los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión solo se castigarían en el caso de responder a "conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad".
Se esboza asimismo en la propuesta de Justicia que permanezcan al margen del castigo penal "aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales". En este sentido, el Gobierno entiende que el derecho penal "ni es la herramienta
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