Alrededor de 600 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en su gran mayoría componentes de las unidades antidisturbios de ambas corporaciones, han decidido reclamar a la Agencia Tributaria lo que consideran que es su derecho.
Roberto R. Ballesteros
Entienden que durante los últimos cuatro ejercicios de su declaración de la renta Hacienda debería haberles deducido un 60% de su cuota y, sin embargo, el organismo recaudador no lo ha hecho. De ahí que cada uno de forma individualizada pero dirigida por el mismo asesor legal, el abogado especializado en derecho de fuerzas de seguridad Antonio Suárez Valdés, haya decidido interponer un recurso administrativo para reclamar lo que estiman que les corresponde.
Todos los que han decidido dar el paso adelante forman parte de los equipos de élite que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil envían regularmente a la frontera que separa Ceuta y Melilla de Marruecos. Se trata, en concreto, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de este último cuerpo y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la benemérita. Todos los afectados han estado al menos tres meses al año destinados en labores de vigilancia o intervención en las mencionadas fronteras para controlar las controvertidas vallas.
Los 600 agentes solicitan que Hacienda les devuelva el mencionado 60% de la cuota que abonaron en sus respectivas declaraciones de la renta correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Según estima el letrado que está canalizando todas las reclamaciones, el montante total que la Agencia Tributaria tendría que devolver a los funcionarios supera los 10 millones de euros. Suárez Valdés basa las reclamaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que las rentas obtenidas por ciudadanos que no tengan su residencia habitual en Ceuta y Melilla tendrán una deducción del 60% de la suma de las cuotas íntegras que se deriven de su trabajo en esas ciudades autónomas.
Los escritos administrativos de reclamación, a los que ha tenido acceso El Confidencial, consideran que los rendimientos laborales de los policías y guardias civiles afectados se desarrollaron en gran parte en los mencionados territorios. "El actor no se practicó en su declaración del IRPF de los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019 la dedución de las cuotas que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla, por lo que esta parte solicita que la administración tributaria
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