El que fuera jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid será juzgado por un delito de negociación prohibida a funcionario por sacar rifles y escopetas de subastas para amigos y conocidos.
Según ha informado Europa Press, el que fuera jefe de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid hasta 2018, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial para juicio con jurado bajo la acusación de haber entregado a amigos o conocidos entre los años 2016 y 2017 rifles y escopetas de subastas que, al no haber sido adquiridas por nadie, tenían por destino la chatarra.
La Fiscalía de Valladolid acude al juicio, para el que aún no hay fecha prevista pero que celebrará la Sección Segunda de lo Penal, con una petición de pena de un año y tres meses de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación por espacio de cuatro años y medio para empleo o cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionario, según informaron al citado medio fuentes jurídicas.
Los hechos hacen referencia a las gestiones que el encausado realizó en las subastas que una vez al año se venían celebrando en la Comandancia de Valladolid, dado que el agente, en su condición de máximo responsable de la Intervención de Armas y Explosivos, se encargaba de documentar la cesión de las mismas, las trasferencias y guías de pertenencia.
Según sostiene la acusación pública, el acusado, quien estaba al corriente del estado de las armas, ya que se encontraban bajo su custodia, y a pesar de que no podía intervenir en las subastas para sí ni tampoco como intermediario entre los titulares de las depositadas en la Comandancia y el público en general, vulneró la normativa y derivó a terceros aquellas que no habían recibido puja en subastas que quedaron desiertas y cuyo destino era el achatarramiento.
El guardia civil, presuntamente, contactaba con amigos o conocidos a los que comunicaba que disponía de un arma determinada, depositada bajo su custodia por familiares de cazadores fallecidos o que habían abandonado el arte cinegético, y una vez llegado a un acuerdo evitaba exponerla en la subasta al objeto de que nadie pujara por ella y la misma quedara desierta.
Aunque el arma en cuestión tendría que haberse destinado a la chatarra, el jefe de la Intervención, siempre según la tesis de la acusación pública, se las ingeniaba para que ese rifle o esa escopeta ‘distraídas’ de la subasta acabaran en manos de amigos o conocidos.
Para realizar la transferencia a los nuevos titulares, éstos firmaban la copia o matriz de transferencia del arma por fallecimiento del titular, posteriormente el agente contactaba con el depositante del arma y conseguía su firma, y finalmente elaboraba la pertenencia al nuevo titular, legalizando así la guía de pertenencia del arma al amigo o conocido, sin que en el escrito del fiscal se especifique si el encausado lo hacía de forma gratuita u obteniendo algún beneficio económico.
Siguiendo este ‘modus operandi’, el agente de la Benemérita habría puesto en manos de terceras personas
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