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jueves, 9 de diciembre de 2021

Que se jodan

 Aparte de los insultos a una familia de Canet por pedir castellano en la escuela de su hijo, la sentencia del TSJC que considera probado que la Generalitat discriminó a policias y guardias civil me parece tremenda.




XAVIER RIUS

Director de e-notícies

Además, tengo la sensación de que ha pasado relativamente desaparecibida. Como se supo el viernes por la tarde todo el mundo tenía la cabeza en el megapuente.

En el Telenotícies noche de ese día, que duró una hora y siete minutos, Toni Cruanyes le dedicó apenas cuarenta segundos.

Tampoco me extraña porque el presentador del TN tiene un libro (“Un dels nostres”) en la que la expresión “presos políticos” sale media docena de veces. Así cualquiera.

La información quedó diluida entre otras piezas judiciales: la citada sentencia sobre la escuela de Canet, Junqueras pidiendo al TC que revoque su inhabilitación y Puigdemont que recusa a los nuevos magistrados del Constitucional.

Por otra parte, hablaron de “pasividad” -no de “trato injustificado y discriminatorio” como establece la sentencia- y admitieron que, en efecto, la vacunación de mossos empezó un mes antes pero que “a finales de marzo” sólo tenína una tasa de vacunación el 3% superior a policías y guardias civiles. O sea, que no era tan grave según la cadena pública.

Ni que decir que, sobre la escuela de Canet fueron más beligerantes. Incluyeron declaraciones de padres, altos cargos y representantes sindicales. Todos, claro, en contra de la decisión judicial. “El castellano está en todos lados”, se quejaba una madre. Pero como van a salir padres a favor del castellano por la tele con la que se ha liado.

En toco caso, las consecuencias de la sentencia sobre el retraso de la vacunación a policías y guardias civiles son mínimas: condena en costas para la Administración catalana. Apenas 4.000 euros que puede asumir perfecamente. Pagamos todos.

Por supuesto a nadie se la he ocurrido dimitir ni pedir responsabilidades. Aquí paz y después gloria. Como las sentencias del TC sobre los dos estados de alarma, también inconstitucionales. No dejan de ser rapapolvos judiciales pero con nulo recorrido político.

Aunque a mí me vino a la cabeza tras el fallo, las palabras del entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, aquel 28 de abril del 2021 en cuanto estalló la polémica.

El ahora consejero de Salud aseguró que “no discriminamos nunca ni por género ni por creencia nada”. “Me da igual si es un mosso o un guardia civil”, insistió. Incluso apeló a su condición de médico.

Pero dejó claro igualmente que, en este caso, “retrasaremos otras 


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