El mar es la expresión máxima de una frontera nacional, justo el efecto de apariencia de país que busca la Generalidad catalana.
La última bomba de relojería legislativa contra la Guardia Civil ha venido en forma de modificación de la orden general que regula los agentes en funciones de control de fronteras. Todo un plan de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska para forzar una paulatina sustitución de los guardias actuales por los Mossos justo en el área que más apariencia de supuesto país puede dar a la Generalidad separatista: el control de las costas y las fronteras.
La norma en cuestión es la Orden General por la que se modifica la OG 21/2021 de 9 de septiembre: la que regula la especialidad de fiscal y fronteras de la Guardia Civil.
Los cambios introducidos en esa orden no reconocen "a todos los guardias de la 126 promoción que hayan realizado sus prácticas en unidades fiscales para que continúen comisionados en ellas", tal y como señala la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL. Y los puestos no cubiertos coinciden, casualmente, con un avance de los Mossos d’Esquadra en estas áreas, donde ya han empezado a operar en el mar y están recibiendo formación para hacerse cargo de la totalidad de los servicios.
Alegaciones de JUCIL
JUCIL constató los planes oficiales el pa
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