España vive un choque institucional por la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular, y de esta forma haber paralizado la votación en el Senado de varias enmiendas en la reforma del Código Penal que precisamente iban a cambiar la forma de elección de magistrados del propio TC.
Uno de los puntos de debate que ha suscitado esta polémica es si es legítimo, e incluso legal, introducir un cambio de calado en una ley, y además orgánica, a través de disposiciones transitorias incluidas mediante enmiendas en otra ley que no tiene nada que ver.
En este caso, se están tratando de cambiar las leyes orgánicas del TC y del CGPJ con la proposición de ley que reforma el Código Penal para sustituir el delito de sedición y modificar el de malversación.
El Chivato ha podido saber que a algunos miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) esta polémica les ha recordado otro episodio similar durante la tramitación de una ley en las Cortes Generales.
Sucedió en el verano de 2011. Se tramitaba el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. Cuando llegó al Senado, los grupos parlamentarios del PSOE y del PP presentaron una enmienda para incluir una nueva disposición final a esa hora. La citada disposición no tenía nada que ver con contratos del sector público: trata
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