El cambio se vendió como neutro por parte del Gobierno, pero los funcionarios no tardaron en alertar que escondía un recorte.
La principal asociación de Guardia Civil, JUCIL, ha forzado una contestación oficial del Gobierno sobre el presente y futuro de las prestaciones por jubilación de 637.000 funcionarios inmersos en un régimen de pensiones denominado Clases Pasivas. Se trata de guardias civiles, militares, policías y más funcionarios que, en estos momentos pueden percibir una pensión un 20% menor y que, además, con la pérdida de poder adquisitivo, sufren especialmente la crisis. La respuesta del Gobierno ha sido tajante: se trata de "un régimen en extinción" y no piensan hacer nada para paliar su situación. Y ello mientras Pedro Sánchez alardea de evitar la pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas.
El Gobierno aprovechó el coronavirus para trasladar por decretazo y con absoluta opacidad ante los sindicatos de funcionarios la gestión de las pensiones de 637.000 funcionarios incluidos en lo que se denominan clases pasivas. Esas prestaciones por jubilación dejaron de ser pagadas por el Ministerio de Hacienda para entrar en el régimen general de la Seguridad Social. El cambio se vendió como neutro por parte del Gobierno, pero los sindicatos y asociaciones de los funcionarios no tardaron en alertar que escondía un recorte. Y así ha sido.
El real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado en el 2020 traspasó, de ese modo, la gestión de las pensiones de casi 700.000 funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y el resultado, efectivamente, supone que todos estos funcionarios han dejado de poder negociar por sus propios mecanismos y con un ministerio propio las vías para paliar unas prestaciones, por ejemplo, las de jubilaciones, en muchas ocasiones inferiores a las del régimen general.
Forman parte de este Régimen de Clases Pasivas 637.213 funcionarios. La mayoría de ellos pertenecen a la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades.
Y es un régimen que ya no se retroalimenta de nueva gente: desde el 1 de enero de 2011 no se incorporan nuevos trabajadores.
Pérdida paulatina de pensión
JUCIL ha puesto ahora el grito en el cielo por la contestación oficial del Gobierno, que condena, literalmente, a estos funcionarios a perder pensión paulatinamente.
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