Dos organizaciones policiales han recurrido el acuerdo entre los dos ejecutivos. Advierten de que el procedimiento legal no es correcto y piden paralizarlo
Un error de procedimiento podría poner en juego la transferencia de la competencia de Tráfico de la Administración General del Estado a Navarra. Es el argumento con el que dos asociaciones de la Guardia Civil, Jucil y la Unión de Oficiales, han impugnado el Real Decreto del Gobierno ante el Tribunal Supremo con el fin de paralizar el traspaso. Estas organizaciones consideran, según exponen en sus recursos, que no se ha seguido la fórmula correcta porque para materializar ese cambio era necesario antes modificar el estatuto de autonomía de la comunidad foral.
El artículo 49.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, dispone que en materia de tráfico y circulación Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta. De modo que el acuerdo que han alcanzado el Ejecutivo y la comunidad autónoma carece de «habilitación legal», pues no se trataría de un traspaso, sino de una ampliación de competencias, lo que exigiría una reforma previa de la norma, según denuncian e
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