La "artimaña" del Gobierno para no subir las pensiones de policías nacionales y guardias civiles

 

El Gobierno se niega a incluir a estos agentes en la lista de profesiones "de riesgo", pese a que policías locales, ertzainas y mossos sí están en ella

• M. CASADO

En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías nacionales y guardias civiles en España de los últimos quince años: treinta y cinco al día, más de mil al mes. Una trágica cifra que podría superarse este año, pese a las reiteradas denuncias de sindicatos y asociaciones, que exigen endurecer el código penal, recuperar el principio de autoridad, que se les reconozca como profesión de riesgo y más protección. "Agredir a un policía en España no puede salir gratis, ni quedar impune", alegan.

Pero sus reivindicaciones chocan contra la gran barrera del Ejecutivo y del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que dan la callada por respuesta. Un silencio que va más allá de condenar los ataques a los agentes y que se extiende a la negativa de considerar como profesionales de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles. Un rechazo que llama la atención, no solo por el aumento visible de agresiones que sufren estos agentes, sino porque otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y las Policías Locales sí forman parte de ese grupo denominado "de riesgo".

Más allá de disputas políticas, esta decisión responde a una mera cuestión económica, que ahonda en el agravio comparativo ya existente entre Policías del Estado. A saber: un agente de la Ertzaintza o de los Mossos d'Esquadra puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Y aquí está la clave, en las pensiones. Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la "jubilación anticipada" cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista 

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