La Generalidad catalana decidió retrasar las vacunas contra el covid de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en plena pandemia.
El caso está ya judicializado y ha propiciado incluso la imputación de altos cargos. La exconsejera de Salud de ERC, Alba Vergés, en la actualidad vicepresidente del parlamento catalán, fue incluida en la categoría de investigados por un juez de Barcelona por haber ordenado que se retrasara la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados a Cataluña.
El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona emitió un auto en el que notificó a la exconsejera su condición de investigada y señaló que habían quedado "suficientemente acreditados" los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores. La Generalidad no tardó en movilizarse para intentar bloquear este proceso e investigación judicial. Y ahora JUCIL, la principal asociación de la Guardia Civil, ha logrado frustrar los deseos de los separatistas. Una nueva decisión judicial reanima la investigación por el bloqueo a la vacunación de los agentes de Policía y Guardia Civil.
El contexto es de una gravedad máxima. La Consejería de Salud que en plena pandemia de covid dirigía Vergés decidió paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y priorizar la de los Mossos d'Esquadra, los diferentes cuerpos de Bomberos de Cataluña y las policías municipales. Según el auto judicial, "nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria", así como "irrazonable". La única explicación admisible para el juez pasaba por "los sentimientos de
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