En 2016 y 2017 el PSOE se reunió y pactó mociones con guardias civiles para cargar contra el Ejecutivo del PP
El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez considera que las organizaciones profesionales de guardias civiles no disfrutan del derecho constitucional a la libertad de expresión si ello supone criticar al Ejecutivo. Es toda una novedosa reinterpretación, también, del derecho de representación social y laboral, porque Sánchez impone este criterio en beneficio propio después de haber defendido justo lo contrario cuando estaba en la oposición. Ahora dice que se debe perseguir y sancionar a los representantes profesionales de la Guardia Civil que critiquen medidas del Gobierno como la amnistía, pero en 2016 y 2017 se reunió con organizaciones de guardias civiles para hacer pinta contra el Gobierno de Rajoy y exigió, con vehemencia, «la libertad de expresión» de los portavoces profesionales de la Benemérita cuando criticaban al PP.
El PSOE de Sánchez llegó a promover y aprobar una iniciativa parlamentaria en la que exigía al entonces Ejecutivo de Rajoy que paralizara «el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión». Ahora, Sánchez se desdice y usa con rigor la disciplina militar contra los representantes profesionales de la Guardia Civil que critican al Gobierno. Por haber criticado la Ley de Amnistía han sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo Agustín Leal, de la asociación profesional de guardias civiles Jucil, y el presidente y vicepresidente de Aprogc.
Este cambio radical de criterio suma y sigue en la larga lista de mentiras y promesas incumplidas que acumula el líder del PSOE e inquilino del Palacio de la Moncloa. Pero, en
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